La desigualdad y la protesta

Miguel Ángel Vite Pérez

25 de octubre de 2006

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano México 2004, editado por la ONU, Oaxaca tenía un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.7164, lo que lo ubicaba en el lugar 31, sólo arriba de Chiapas, 32, con un IDH de 0.7076, lo cual señala que las condiciones de vida, compuestas por salud, educación e ingreso, de ambos estados del país son bastante malas.

Oaxaca, en 2004, por su IDH tenía condiciones de vida similares a Cabo Verde; es decir, si Oaxaca fuera un país ocuparía el lugar 105, el mismo que tenía el país africano en dicho año.

Por tanto, entre 2000 y 2003, el IDH de Oaxaca no sufrió ningún cambio y, en consecuencia, se mantuvo en el lugar 31 de los 32 estados de México. Esta evidencia empírica refuerza la idea de que el sexenio del gobierno del cambio, próximo a finalizar, no significó transformación en las condiciones de vida de sus pobladores ni mucho menos en las prácticas autoritarias y clientelares de los gobernadores priístas.

Veracruz y Oaxaca son los estados que contribuyeron más al incremento de la desigualdad social en 2004, medida a través del IDH, con el 8.9% y con el 7.1%, respectivamente, así como Chiapas (6.9%), Puebla (6.3%), Guerrero (6.1%) y el estado de México (5.0%). Cinco estados responsables del 40.3% de la desigualdad nacional, según el IDH.

El índice de ingreso del DF superó al de Oaxaca en 50%, mientras el índice de salud lo rebasaba en 25% y el de educación lo superaba sólo en 15%. Diferencias que son expresadas como desigualdad social, cuya causa es la falta de oportunidades para realizar el principio de igualdad, lo que no impide que la pobreza sea transferida a otras entidades, lo cual implica la reproducción de actividades de baja productividad en la economía informal y los actos de mendicidad y de acciones relacionadas con el crimen. A lo que se le debe de sumar la migración hacia Estados Unidos.

Entre enero y septiembre de 2004, Oaxaca recibió un monto mayor de remesas (6 mil 926 millones de pesos) que superaron los recursos derivados de las participaciones federales (4 mil 001 mdp).

En un panorama donde las desigualdades sociales se expresan a través de la pobreza y de actos de gobierno autoritario, no cabe más que esperar la multiplicación de la impunidad y la protesta frente a la ineficacia de las instituciones estatales para evitar que estallen los conflictos.

Lo anterior no significa que un incremento en la desigualdad social sea la causa directa de las rebeliones organizadas, sino que forma parte de los agravios que hacen, desde un punto de vista moral, inaceptable que la autoridad, a pesar de que ha sido electa de manera legítima, siga gobernando de manera caciquil, como en el caso de Oaxaca, reprimiendo.

Al mismo tiempo, la actitud del gobernador Ulises Ruiz, de "burlarse" de la disidencia magisterial y del resto de las organizaciones sociales que la apoyan, declarando que la única licencia que va a pedir es la de conducir, manifiesta su impunidad para responder a sus acciones que han criminalizado a la protesta magisterial. Entonces, las pobres condiciones de vida de los oaxaqueños son un ingrediente para que emerjan protestas de los diferentes grupos sociales, lo que ha provocado que el gobernador se haya inclinado por el uso de la fuerza, que no es el último recurso del poder caciquil, sino una expresión del mismo y de que se gobierna para el grupo de apoyo y no para la mayoría.

Ante la afrenta que significa su continuidad en el poder para la disidencia magisterial y sus aliados, la demanda de su renuncia se ha convertido en un capricho que no puede dejarse de lado a pesar de las negociaciones que se celebraron en Gobernación. El choque de intereses, por lo común en México, se ha resuelto a través del uso de la fuerza; recordemos lo sucedido también en Atenco. La eliminación del contrario implica que se ha llegado a una situación donde se ha vuelto realidad lo que ha corrido como rumor: "los políticos gobiernan para ellos mismos".

No se han preocupado por cambiar las situaciones de pobreza y marginación, donde los que la sufren no tienen identidad, más que la otorgada desde el poder político por medio de programas asistencialistas: madres solteras, discapacitados, disidentes, grupos peligrosos, etcétera.

Pero el magisterio oaxaqueño a pesar del calificativo de disidentes han mostrado que las condiciones de desigualdad social se acompañan de la ineficacia institucional estatal y local para resolver problemas que van más allá de una simple negociación salarial.

miguelvite@yahoo.com
Analista político