Estrictamente personal

Raymundo Riva Palacio

25 de octubre de 2006

Tomadura de pelo

Con 115 millones de pesos se hubiera resuelto el conflicto en Oaxaca; hoy costará casi 45 mil millones y, quizás, unas cuantas vidas más

En dos ocasiones, los fines de semana del 13 y el 20 de octubre pasados, la Policía Federal Preventiva fue alertada para recuperar el centro histórico de Oaxaca. Unidades sin armas, acompañadas por notarios y periodistas, iban a entrar a la capital del estado, donde horas antes se harían anuncios de lo inminente de su llegada.

Su objetivo era levantar las barricadas en un radio de dos kilómetros a la redonda e instaurar puestos de vigilancia que pudieran dar garantías a los habitantes, comerciantes y turistas para retornar a la normalidad arrancada de su vida en los cinco últimos meses. Calculaban que la fuerza policiaca sería suficiente para que maestros y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca los vieran pasar sin presentar resistencia y aceptar, sin violencia, ser acotados en sus eternos plantones en el zócalo capitalino.

La orden iba a ser dada por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, quien tiene sobre su escritorio la información del Cisen y la que le ha proporcionado el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz. Cuáles son los fundamentos para estimar que tomar nuevamente el control del centro histórico se puede dar sin problemas, no están claros. El Cisen mantiene informado al gobierno federal sobre el estado de cosas dentro de las fuerzas opositoras a Ruiz, que han venido radicalizándose sin que las autoridades hayan hecho nada por ir minando su fuerza: no han cortado la luz ni suspendido el suministro de agua, ni bloqueado el abasto a los insurrectos. Es decir, ninguna estrategia de debilitamiento del núcleo duro de la APPO ha sido puesta en práctica, como tampoco han bloqueado la señal de radio La Ley, por donde arengan, adoctrinan y movilizan a la población.

Ruiz les ha proporcionado fotografías, videos y direcciones de más de los 60 líderes de la resistencia que tienen órdenes de aprehensión giradas, pero tampoco se han ejecutado, aunque algunos presuntos delitos son del orden federal.

La intervención policial fue abortada en el último momento por Abascal, a quien persuadieron de que había aún espacios para la negociación política y el diálogo, particularmente con los miembros de la sección 22 del magisterio. Ruiz ya estaba en pláticas con los dirigentes de esa sección de disidentes, en particular con su líder Enrique Rueda, y pensaban que podrían abrir un camino de solución pacífica. Finalmente, era el argumento, de los insurrectos 95% pertenecían al magisterio, que con cinco quincenas sin salarios, los estragos económicos estaban convirtiéndose en crisis familiares, mientras que el restante 5% de la APPO era un grupo minoritario con el cual podrían lidiar de otra manera; es decir, con la fuerza policial. Ya no sería lo mismo, le dijeron a Abascal, meter a la PFP para enfrentar a cuando menos 3 mil personas, que a menos de 100 que podrían oponer resistencia. Abascal reculó, y debe haber pensado que, en efecto, habría espacios para la maniobra.

En las siguientes semanas, lo que hizo fue abrir la chequera del gobierno federal, siguiendo a destiempo lo que Fernando Gutiérrez Barrios, quien refinó el arte de hacer política sobre su pasado represor como policía, solía decir: todo es más barato con dinero. Si tan sólo lo hubieran pensado así en mayo, todo sería diferente.

Pero no. La ortodoxia macroeconómica del gobierno del presidente Vicente Fox los colocó en la ruta de la confrontación. No es responsabilidad pura del gobierno federal la crisis y el conflicto, pero sí es un actor relevante por la torpeza política con la que se manejó. Cuando la sección 22 se fue en mayo de 2005 al plantón que realizan cada año desde 1980, se les entregaron 115 millones de pesos fuera de presupuesto -como se había hecho siempre- para compensar sus salarios.

Cuando se plantaron este mayo, el secretario de Educación, Reyes Tamez, le informó a Ruiz que por el recorte presupuestal sólo le daría 60 millones para resolver su problema con el magisterio. Imposible, le respondió, eso no lo aceptarán. A mediados de junio, con la APPO sumada a los maestros, Reyes Tamez ofreció otros 25 millones. No sale, respondió Ruiz. Acercándose la elección presidencial, Ruiz les volvió a decir que con 115 millones podría solucionar el problema con los maestros; le ofrecieron 100, ni un peso más.

Cinco meses después, ¿qué sucedió? La enredadera se secó y la hiedra se convirtió en una planta carnívora. El gobierno federal entró en pánico y decidió aflojar exorbitante e irresponsablemente la chequera. Esos 115 millones de pesos se convierten, de mayo a diciembre por efectos de inflación, en 175 millones de pesos. De mayo a mayo, los mismos 115 millones se habrán transformado, por los mismos efectos inflacionarios, en 260 millones. Las cosas se ponen peor. El gobierno federal ya aprobó la entregia de 41 mil millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para compensaciones emergentes en todo el país que lleve en seis años a la rezonificación, que es una clasificación administrativa federal que sólo se otorga a las ciudades más caras del país, particularmente en la frontera norte, y a los destinos turísticos, a todo el país.

En el caso de Oaxaca, donde la sección 22 demandaba que fueran elevados a zona 3, se las entregó para tranquilizarlos. Con esto, los 115 millones de pesos se convirtieron en cinco meses en 2 mil 400, con un ingrediente negativo adicional.

Al aceptar el gobierno foxista esa rezonificación, todas las dependencias federales que operan desde la capital de Oaxaca se están preparando para pedir lo mismo. Después de todo, ya vieron que sí es posible, a través de la presión, obtener réditos económicos en todo el país.

El gobierno federal se ha quedado con un palmo de narices. Fox dijo el lunes que mediante el diálogo "resolvió" Atenco y el conflicto con el EZLN. En realidad, ni construyó su principal obra del sexenio, un nuevo aeropuerto en la ciudad de México, ni logró que los zapatistas cancelaran su declaración de guerra contra el Estado mexicano. En Oaxaca soltaron el dinero a la sección 22 y al magisterio nacional, pero la APPO sigue empeñada en la cabeza de Ruiz y presionando a la sección 22 para que no regresen a clases. El centro histórico sigue tomado y el foco de ingobernabilidad vivo y agudizándose. Oaxaca se convirtió en una trampa para el gobierno federal en buena parte por la torpeza de su manejo. Fox habla de diálogo, pero Abascal cree que no hay más remedio que meter a la policía federal.

Lo mismo pensaba hace casi dos meses y le estaban dando márgenes a la negociación política. Ha sido un desastre. Todos les han tomado el pelo y los colocaron nuevamente en la disyuntiva de usar la fuerza -que puede significar muertes con una operación ligeramente desaseada- o la administración de la crisis, al fin que en 36 días el problema será de Felipe Calderón.

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