Petróleo y finanzas públicas

Rogelio Ramírez de la O.
25 de septiembre de 2006

El precio del petróleo ha caído 10 dólares por barril en unas cuantas semanas, lo que de mantenerse todo el año próximo representaría casi 1.0% del PIB, tan sólo por la venta de exportación. Para la venta total y por lo tanto para el ingreso del sector público, el impacto podría ser entre 1.5% y 2% del PIB, dependiendo de lo que pase con los precios domésticos.

Siempre se puede especular sobre el movimiento de precios y también sobre su dirección al alza o a la baja. Sin embargo, para un gobierno cuyo ingreso presupuestal depende en 36% de ingresos petroleros (promedio del período enero-junio de este año), la naturaleza especulativa de movimientos de precios no debe ser excusa para ignorar sus implicaciones y no tomar decisiones antes de que la caída ocurra.

La inercia del gasto público durante la mayor parte de esta administración indica que el gobierno no impuso criterios de ahorro y eficiencia en el uso de los recursos públicos, incluyendo el ingreso extraordinario originado en los altos precios del petróleo.

A pesar de tantas discusiones para determinar el precio presupuestal y la base de ingreso petrolero antes de cada ejercicio entre la Federación y el Congreso y luego con los estados sobre la distribución de excedentes petroleros, el hecho es que este ingreso se repartió en toda la estructura de gasto público. Como quien riega un jardín con agua embotellada.

Esto no es por una decisión de la Secretaría de Hacienda. La razón fundamental es que la arquitectura del gasto público depende fundamentalmente del Presidente y de su visión sobre la asignación de recursos y lo deseable de ahorrar más o menos.

Así ocurrió durante el período de José López Portillo, cuando se dilapidó el ingreso petrolero en mayor gasto, como lo fue en el período de Ernesto Zedillo, cuando se evitó una expansión desordenada. Los secretarios de Hacienda podían proponer, pero al final fue la visión del primer mandatario la que determinó el curso del gasto público agregado.

Más allá de los compromisos contraídos con estados y municipios, de los huecos en el sistema de pensiones, de los salarios y de las necesidades de contratación nueva, lo cierto es que la Presidencia debe marcar la pauta y tomar la iniciativa para contener la expansión del gasto.

La razón es muy simple: los recursos son escasos y en la asignación del gasto hay muchos intereses. La escasez se ilustra así: de cada 10 pesos de gasto los impuestos financian menos de 5 pesos. Otros 4 pesos los ha financiado el petróleo. Casi la mitad del gasto se basa en la venta de un recurso no renovable.

El equilibrio sano entre la escasez y los numerosos intereses en un marco de mediano plazo sólo lo puede inspirar y negociar el Presidente, pues requiere negociaciones al más alto nivel y sobre todo persuasión de las partes interesadas. Si es imposible reducir el gasto, entonces debe asegurarse que los agentes económicos paguen los impuestos que deban pagar.

Como en México se ha dificultado lograr la reforma óptima para aumentar la recaudación, entonces lo único viable en el corto y el mediano plazo es controlar el gasto público. Pero en los últimos años, ni los ingresos tributarios aumentaron como proporción del PIB, ni el gasto se redujo.

Es más, el gasto bruto que era de 103 mil millones de dólares en 1999, pasará este año a 190 mil millones. El presidente dejó que fuera la inercia la que determinara la trayectoria de ambos.

No por ello ha aumentado la inversión pública directa. Ésta ha fluctuado entre 1.0% y 1.3% del PIB en la actual administración. Tampoco se ha mejorado la calidad de la educación pública.

Ante la falta de recursos para inversión directa, la deuda de los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) hoy representa 50 mil millones de dólares.

Pero haciendo a un lado la cuestión de la eficiencia del gasto agregado, su reducción sigue siendo un asunto pendiente y su materialización parece cada día más lejana. Como si para hacer las cosas en serio necesitáramos que hubiera una crisis.

Y una crisis es lo que provocaría la caída pronunciada de precios de petróleo en 2007. De presentarse, lo más probable es que vendría acompañada de una desaceleración de la economía estadounidense. La sola desaceleración nos quitaría entre 1 y 1.5 puntos porcentuales de crecimiento del PIB. Por lo tanto, la recaudación de ingreso tributario no petrolero también caería.

Sería mucho esperar que el próximo gobierno lograra sortear una caída de ingreso fiscal de 1% a 2% del PIB sin dejar aumentar el déficit fiscal. Y la razón es que no es previsible que reduzca el gasto.

Con la salvedad de que dicha reducción no sólo dependería del gobierno mismo (pues está de por medio el Congreso y los gobiernos estatales), es claro que ni del actual ni del próximo gobierno se ha escuchado siquiera una voz de preocupación por su aumento ni por su monto absoluto. La reducción debería ocurrir aun sin que caiga el precio del petróleo.

Otros problemas le vienen encima al gobierno para los cuales no parece estar preparado.

Por ejemplo, si espera compensar la baja de ingreso petrolero con el impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas, en primer lugar no sería suficiente, aun suponiendo que el Congreso lo aprobara. En segundo lugar, provocaría mayor evasión. Y si el Partido Acción Nacional piensa ir al Congreso con esa solicitud, habrá que admirar su obstinación en las puertas falsas a problemas obvios.

ecanal1@attglobal.net
Analista económico