Estrictamente personal

Raymundo Riva Palacio
27 de septiembre de 2006

¿Quién pondrá los muertos?

La descomposición social en Oaxaca es galopante y el poder, en apoyo al gobernador Ruiz, está creando el clima para la represión.

Provocación deliberada o error de cálculo, la aparición relámpago de Ulises Ruiz este domingo en Oaxaca, mostró una verdad de Perogrullo: el gobernador no puede pisar su estado. No fue la primera vez en las últimas semanas que la inconformidad popular le impide hacer actos de gobierno, pero sí ha sido la más notoria por la elevada temperatura oaxaqueña que muestra la descomposición rampante de un movimiento que de articulado pasó a rebasado, de anárquicamente organizado a anárquico dentro de la anomia. La integridad física de Ruiz en el estado que se supone gobierna ya no puede ser garantizada. ¿Cuánto más aguanta Oaxaca?

Para empezar, lo que demoren las encuestas enviadas a hacer por el gobierno federal para ver si los pobladores de Oaxaca aprueban el uso de la fuerza, lo que determinará en buena medida la ruta que seguirá el presidente Vicente Fox, cuya toma de decisiones las definen las encuestas. En el resto del país, de acuerdo con una encuesta nacional de Ipsos-BIMSA publicada este martes en EL UNIVERSAL, 54% desaprueba la intervención policial en Oaxaca. Este resultado es tan engañoso como cualquiera que puedan arrojar la serie de estudios encargados por las autoridades federales. A priori, los mexicanos se oponen al uso de la fuerza por la falta de cultura sobre el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, pero suelen modificar su opinión en función de los resultados, como cuando en 2000 entró la Policía Federal Preventiva en la UNAM, que fue muy aplaudido por lo quirúrgico y limpio de la acción; o como naufragó en Lázaro Cárdenas este año, que fue severamente cuestionada por el desaseo con el que se realizó la acción.

Ruiz está exigiendo públicamente al presidente Fox que mande a los federales. Está echado para adelante a través del espacio en los medios, el único donde aún puede hacer oír su voz, y se siente protegido por los chantajes políticos que el PRI ha venido realizando en los últimos días para seguir inyectando formol a su cadáver político. La semana pasada, por ejemplo, durante la reunión que sostuvieron el presidente del partido, Mariano Palacios Alcocer, y los líderes de sus fracciones legislativas, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, con el presidente electo Felipe Calderón, lo amenazaron que si no defendía la cabeza de Ruiz, se sumarían al PRD y no se presentarían al Congreso el 1 de diciembre, con lo cual no habría quórum en el Congreso de la Unión y no procedería la definición legal como Presidente de la República. En los días siguientes, voceros de Felipe Calderón le pidieron a Fox que solucionara las cosas en Oaxaca. En un segundo acto de la misma obra, 11 de los 17 gobernadores priístas le exigieron a Fox que no dé una solución política a Oaxaca, lo que quiere decir que no le corte la cabeza.

En realidad, no es el gobierno el que le debe cortar la cabeza, sino el Senado, donde PRI y PAN han estado bloqueando la desaparición de poderes en Oaxaca, que darían la puerta de salida al conflicto de cuatro meses. No quieren hacerlo porque tienen convencidos a Fox y Calderón que si acepta la demanda de la oposición a Ruiz, se sentará el precedente no sólo con Calderón sino con cualquier gobernante que podría ser sujeto de la decisión de las multitudes en las calles. Visto en abstracto, tienen razón. Pero observado en su contexto y con la perspectiva, lo que están tapando es la profunda irresponsabilidad de Ruiz, un gobernante déspota cuyos actos de represión contra todos los actores políticos y sociales en Oaxaca dio origen al envenenado clima en su contra que existe en aquella entidad.

Los panistas están asustados con el sofisma que les metió en la cabeza el PRI, donde equiparan a Ruiz con Calderón y, por tanto, la salida de Ruiz sería también la no toma de posesión de Calderón. Los priístas, aún liderados por Roberto Madrazo, de quien abrevan Palacios Alcocer, Beltrones y Gamboa, no quieren que se abra la caja de Pandora en Oaxaca y que un gobierno distinto al PRI meta en la cárcel a su gobernador y operador electoral por haber desviado, calculan conocedores de las finanzas del estado, más de mil millones de pesos del erario a la campaña presidencial. El PRI quiere mantener a Ruiz hasta diciembre, cuando se cumplan dos años de su gobierno y pueda entrar un interino, escogido por los priístas, que concluya el mandato constitucional. No quieren arriesgar el precedente de Víctor Bravo Ahúja, que antes de cumplir dos años fue llamado por Luis Echeverría para ser su secretario de Educación, por lo que pidió licencia por unos meses y lo relevó Fernando Gómez Sandoval. Al cumplirse los dos años, Bravo Ahuja renovó el permiso y su sustituto recibió un nuevo mandato hasta el final del sexenio.

El PRI trae paseando el féretro del cadáver cada vez más hediondo de Ruiz dentro de su estrategia de negociación, y elevando los costos a Fox y, sobre todo, a Calderón. No quieren pagar, ni los priístas ni Ruiz, los desatinos de este gobernador que se cayó, metafóricamente hablando, desde el 14 de junio, cuando en plena madrugada intentó desalojar a tiros a los maestros de un plantón en el centro de Oaxaca, provocando la radicalización del conflicto. Están presionando al gobierno federal a utilizar la represión para solucionar el problema político que generó Ruiz. Se quieren lavar las manos y que sea Fox quien se las llene de sangre. Porque, ¿creerán que una acción en Oaxaca puede ser tan limpia como la de la UNAM o de costos tan limitados como la intervención en Atenco hace unos meses? No es lo mismo. En la UNAM no había armas y en Atenco los cuadros militares actuaron políticamente. En Oaxaca hay grupos de todo tipo y cuadros que saben utilizar las armas y que han desarrollado en la capital un centro de entrenamiento real para acciones guerrilleras. No es el movimiento armado lo que domina a Oaxaca, pero sí hay células del EPR que animan la insurrección, estimulada por la incapacidad del secretario de Gobernación Carlos Abascal para encontrar salidas políticas reales al conflicto en una mesa de negociación que tiene como partida un punto inaceptable para el gobierno: la cabeza de Ruiz.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cabeza visible de la oposición a Ruiz, está desbordada y no hay pleno control de las bases. Viene en camino al Distrito Federal, donde cuentan con un caldo de cultivo importante en la delegación Iztapalapa y en el municipio mexiquense de Neza, ambos dominados por el PRD, donde viven 2 millones de oaxaqueños. La APPO ya decretó desde la noche del lunes una alerta roja, preparan bombas molotov y varios de sus dirigentes pasaron a la clandestinidad. El gobierno federal está siendo presionado y Fox y Calderón se ven muy débiles frente a los chantajes del PRI en apoyo a Ruiz. No hay duda. Empieza a oler a sangre Oaxaca.

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