Pulso Político

Francisco Cárdenas Cruz
27 de septiembre de 2006

Grave riesgo recurrir a la fuerza en Oaxaca

Dificultaría más a Calderón su arribo al cargo

Si quienes en el actual gobierno federal insisten en "resolver" el conflicto político-magisterial en Oaxaca por la vía de la fuerza pública y no la de la negociación política, Vicente Fox le heredará a Felipe Calderón no solamente un país convulso sino que le dificultará su ascenso a la Presidencia de la República, por las airadas reacciones que en distintos sectores y entidades se originarían ante una crispación ciudadana que se agudiza y los odios y rencores que se han ido profundizando tras la disputada y polémica elección presidencial del 2 de julio.

En los altos niveles de mando han comprado la opinión de algunos que dentro y fuera de la administración foxista y también en las filas de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional advierten que si quien fue elegido constitucionalmente es obligado hoy a dejar el cargo, como sería el caso del gobernador priísta oaxaqueño Ulises Ruiz, el nuevo presidente podría correr la misma suerte mañana, por lo que han acordado que "a como dé lugar y a costa de lo que sea", aquél no sea removido.

Y ante la insistencia de Ruiz a Fox de que el problema sólo podrá ser "resuelto" con la intervención de elementos de la Policía Federal Preventiva y de tropas del Ejército que el mandatario planteó anteanoche en Los Pinos, los dirigentes del magisterio y de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca acordaron declararse en alerta roja, reforzar barricadas en calles y avenidas y bloquear los accesos carreteros a la capital del estado, para enfrentar cualquier incursión de la fuerza pública. También decidieron que dos de sus principales líderes, Flavio Sosa y Zenén Bravo, permanezcan en "resguardo preventivo" ante el riesgo de sufrir un atentado a manos de policías municipales o estatales o el temor a ser arrestados en un intento de descabezar el movimiento.

Si con una acción de fuerza del gobierno federal hay quienes esperan que el conflicto oaxaqueño pueda ser "resuelto", lo único que lograrán es agravarlo y poner a Calderón en un serio predicamento para asumir el cargo y en sus primeras semanas y meses como nuevo presidente de la República, por las reacciones que se registrarían de parte de grupos inconformes que, como los lopezobradoristas, siguen acosándolo en donde quiera que se aparezca, como le ocurrió ayer dentro y fuera de la sede del Congreso de Guanajuato, a la que acudió como invitado especial a la toma de posesión del nuevo gobernador panista de esa entidad, Juan Manuel Oliva, y como sucedió el fin de semana en Torreón y Monterrey.

Calderón y sus más allegados han externado su confianza en que antes del 1 de diciembre, Fox deje resuelto el conflicto en Oaxaca, pero seguramente no esperan que sea a través de la fuerza pública porque eso le significará peores problemas que los que hoy enfrenta y le dificultará lo mismo su ascenso al cargo que el inicio de una gestión que desde ahora se ve muy complicada.

De esto y de aquello...

Vaya con ese "nuevo" programa anticrimen que preparan los gobernadores de las entidades federativas, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal, que incluye la detención de vehículos que circulen sin placas o con placas sobrepuestas: se da por hecho que en un alto porcentaje, sus tripulantes, además de maleantes, serán policías o ex policías. Otra de las "novedades" es compartir y actualizar datos de vehículos e intercambiar información sobre elementos que son dados de baja de una corporación y que solicitan su ingreso en otra en distintas entidades. O sea que esas acciones son las mismas que se anunciaron en el pasado y en el antepasado a lo largo de sexenios y que o jamás se aplicaron o no pasaron de ser meros deseos, amén de que al actual gobierno federal concluirá en poco más de dos meses. Se asegura que para la irrupción policiaco-militar que habrá en Oaxaca de un momento a otro, con la que en el gobierno federal creen que "se resolverá" el conflicto social que mantiene a ese estado en la ingobernabilidad, se ordenó la confección de miles de uniformes de una corporación que será usada por los que pertenecen a otra. Con ello cobrará vigencia aquello que Andrés Manuel López Obrador repitiera en sus asambleas informativas nocturnas en el zócalo capitalino, de la amenaza de una incursión violenta en los campamentos con "militares disfrazados de policías federales preventivos". En Saltillo, el presidente Fox puso ayer la primera piedra del que será el Colegio de Bachilleres de Coahuila que llevará el nombre del Presidente y Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Ortiz. Humberto Moreira, gobernador de la entidad norteña, dijo en esa ceremonia que con ello se decidió hacerle un reconocimiento a un coahuilense distinguido que por sus hechos será ejemplo para los alumnos de ese plantel... Enrique Pereda Gómez, titular del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en el que ha tenido un destacado desempeño, se enfila a la presidencia de ésta, una vez que Alejandro García Gamboa concluya su gestión. En su carácter de presidente de la Agrupación Social Democrática, el diputado priísta Jesús Ramírez Stabros, suscribirá hoy un convenio con el Grupo Demos, integrado por líderes universitarios con presencia en 11 entidades del país para enriquecer las propuestas que se discutirán en el Congreso en materia presupuestal para el desarrollo social. Se espera que hoy concluya la encarnizada disputa por las presidencias de las comisiones legislativas en la que están enfrascados los coordinadores de los tres principales grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Las listas serán sometidas a la aprobación del pleno en la sesión que habrá mañana en San Lázaro, última sesión del mes en que esas comisiones deberán integrarse. ¿Quién es ese líder sindical que está por dejar de serlo y que para disfrutar del mar adquirió en miles de dólares un tiempo compartido en rumbos de Punta Diamante en Acapulco?... Lo peor es que tras haber desafiado al poder, una vez que deje el cargo puede enfrentar una acción judicial de fin de sexenio que en otras circunstancias, si aun contara con el fuero constitucional que se le acabó, no le preocuparía.