Crisis oaxaqueña

Eugenio Anguiano
27 de septiembre de 2006

A unque la crisis política de Oaxaca viene de antes del 2 de julio, contribuye a complicar todavía más de lo que ya está el proceso postelectoral que vive el país: una Convención Nacional Democrática que el próximo 20 de noviembre se propone ungir a Andrés Manuel López Obrador como jefe del Estado mexicano, al tiempo que Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República legalmente electo, estará aprestándose para tomar posesión de su cargo apenas 11 días más tarde. La tentación de aprovechar la crisis de gobernabilidad oaxaqueña, para llevar agua al propio molino, puede ser muy grande, pero quienquiera que lo intente estaría jugando con fuego y poniendo en riesgo la estabilidad de la nación, ya de por sí zarandeada.

Existe confusión en cuanto al origen del conflicto que ha paralizado desde hace 128 días a esa entidad federativa, pero la mayoría de los analistas políticos y un buen número de políticos -militantes de partidos y legisladores salientes y entrantes- lo atribuyen al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por sus errores en cuanto a querer cobrar cuentas pendientes a facciones de su propio partido político (PRI), a grupos del magisterio que apoyaron a gobiernos priístas anteriores, a cambio de preservar canonjías, y a otros adversarios, en vez de tratar de unir fuerzas para comenzar a gobernar.

En este mismo periódico, el domingo y lunes pasados aparecieron interesantes análisis sobre el problema oaxaqueño, así como amplia información sobre la reaparición del gobernador Ruiz en la ciudad de Oaxaca, después de alrededor de dos meses de haberse ausentado de toda actividad pública. En ese resucitar del gobernante, que andaba ´a salto de mata´, según reza el encabezado de la página III de La Revista del Lunes de EL UNIVERSAL del 25 de septiembre, dicho mandatario se atrevió a mostrarse en las afueras de un hotel, en el que se había reunido con empresarios y legisladores locales, y en un parque público. Con gran energía, por lo menos durante los escasos momentos en que pudo deambular antes de correr nuevamente a esconderse ante la inminente llegada de la gente que lo rechaza, el gobernador aprovechó para declarar, entre otras cosas, que aplicaría la ley contra los mentores que no regresaran a las aulas y que no pensaba renunciar; y demandó al gobierno de la República que cumpliera con su ´obligación constitucional´ de imponer el orden en Oaxaca, como lo ha pedido el congreso del Estado.

Por su parte, el presidente Vicente Fox parece decidido a agarrar la ´papa caliente´ de Oaxaca, como lo confirma el anuncio emitido después de una reunión que aquél tuvo con 11 gobernadores priístas, incluido el de Oaxaca, de que el primer mandatario se ofrece a buscar una solución por la vía del diálogo político, hasta que ésta se agote. El uso de la fuerza no se prevé, como dijo el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, pero tampoco se descarta. Es claro que el gobierno de Fox busca tener resuelta la crisis oaxaqueña, por la buena o por la mala, antes de que Calderón asuma la Presidencia de la República.

Pero como la demanda de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) es que salga el gobernador antes de cualquier negociación, no parece haber mucho margen para que el gobierno federal encuentre una solución pactada, a menos que la máxima autoridad nacional se convenza de que verdaderamente el gobernador Ruiz es el único obstáculo para acabar con la resistencia en Oaxaca, y para restaurar allí la paz y el respeto a las garantías sociales e individuales que establecen las leyes.

Parece ser, como señalan algunos analistas de EL UNIVERSAL, que prevalece el temor a que una decisión como la de sacar al gobernador tenga un efecto dominó: hacer rodar otras cabezas e incluso poner en riesgo al propio Calderón. Se alega que si se cede a la presión de grupos organizados de alborotadores, que invaden la vía pública y hacen desmanes, entonces, el régimen de derecho corre peligro. Esta tesis la postulan legisladores y gobernadores del PRI, pero también especialistas que exhiben las fallas de las llamadas ´concertacesiones´ del pasado reciente. Sin pretender soslayar los excesos de militantes de la APPO y maestros sindicalizados, me inclino más a favor de la tesis de que sería un grave error imponer el orden por la fuerza con tal de sostener al gobernador Ruiz, aun cuando se procure no violentar demasiado esa imposición, porque las consecuencias resultarían más graves que la medicina. Pienso que lo políticamente más sensato sería buscar una forma de referéndum o medición de la opinión del pueblo oaxaqueño y si, como todo parece indicar, ésta es mayoritariamente contraria a su gobernante, cuyos excesos y errores son muchos, entonces habría que sacarlo del poder. El camino para ello no es la negociación en lo oscuro, ni torcerle el brazo a Ruiz, sino a través del Senado de la República, que tiene pendiente estudiar la situación de Oaxaca.

Profesor investigador de El Colegio de México