Oaxaca: salida institucional

EDITORIAL DE EL UNIVERSAL
11 de octubre de 2006

Las negociaciones para resolver el problema de Oaxaca llevan un ritmo titubeante y confuso. El secretario de Educación dice que las clases en las escuelas en paro se reanudarán el lunes próximo; los miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, en plantón frente al Senado, insisten en la salida del gobernador Ulises Ruiz; el secretario de Gobernación espera la decisión de los senadores, y éstos explican que carecen de facultades para tomar esa decisión.

Entre tanto, el deterioro de la vida política, económica y social se acentúa en la capital de uno de los estados más pobres de la República, muchos de cuyos escolares han encontrado acomodo en escuelas del vecino estado de Veracruz, que también les sirve desayunos.

El gobierno de la República parece decidido a mantenerse renuente al uso de la fuerza pública, aun legítima y legal, para restablecer el orden, pues el secretario de Seguridad, Eduardo Medina Mora, afirmó que no tiene instrucciones para actuar.

Desde luego, en un país que ha condenado las brutales represiones del pasado que costaron vidas y desapariciones, no es deseable ni probable una acción de fuerza, pero las negociaciones para superar el conflicto no pueden ser indefinidas.

Es la Legislatura local la que tiene en sus manos la facultad de declarar desaparecido el Poder Ejecutivo estatal, en los hechos trashumante e impedido de funcionar. No es fácil que lo haga, por su identidad con el mandatario, que ha recibido el apoyo de sus correligionarios del Partido Revolucionario Institucional.

El Partido Acción Nacional tampoco apoya la desaparición de poderes porque teme que inyecte bríos al Partido de la Revolución Democrática, el más ardiente promotor de la medida.

Así, la única posibilidad es que el propio gobernador se desista de permanecer en el gobierno y pida licencia para dar pie a un arreglo firme del problema.

Quedan por sopesar las consecuencias de derrocar a un mandatario a pedido de un grupo de ciudadanos, ofendidos pero minoritarios, o si ellos podrían darse por satisfechos con otras medidas menos radicales. Existe mucho por negociar, además de las demandas salariales de los maestros, como las órdenes de aprehensión contra medio centenar de militantes de la APPO.

El orden constitucional debe quedar a salvo en la solución. La exigencia social de evitar excesos por parte de la autoridad, como los ocurridos el 14 de junio en el intento de desalojo, ha sido atendida. Pero ninguna ciudad mexicana puede ser impunemente asaltada por una muchedumbre, ni sus edificios públicos y privados ocupados indebidamente y dañados premeditadamente, ni sus caminos cerrados, ni sus vehículos incendiados, ni su vida entera alterada.

Hay que resolver el conflicto, bien y pronto. No se contribuye a ello trasladando a los inconformes de Oaxaca al Distrito Federal, cuyas autoridades ya se aprestan a mediar, justo cuando se vislumbran indicios de acuerdos. Sin dejar de ver todas las implicaciones del caso, es tiempo ya de sentar las bases para un arreglo. Eso significa, por supuesto, obtener y conceder.