Juan Pablo Fox quiso apropiarse ilegalmente de firma que vale unos 400 mdd, señalan

Hermano del Presidente, implicado en despojo a industrial farmacéutico

El empresario Edgar Arroyo revela trama que involucra a abogados del jefe del Ejecutivo

Afirma que un terreno de su propiedad tasado en unos $80 millones fue vendido de modo ilícito

"Era imposible decirle no a un miembro de la familia presidencial", relata el afectado

La Jornada
GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Juan Pablo Fox Quesada -hermano del presidente Vicente Fox-, en aparente contubernio con Alfonso Romo Garza, ex presidente de Grupo Savia (empresa dedicada al desarrollo de productos transgénicos), intentó obtener de manera ilegal una industria farmacéutica y sus patentes, cuyo valor se estima en más de 400 millones de dólares.

Edgar Arroyo, presidente del consejo de administración de Grupo Industrial Aguascalientes (GIA), denunció mediante su libro En el nombre de mi hijo la existencia de una red de complicidades que involucran no sólo al hermano del mandatario, sino también a abogados de Vicente Fox, notarios públicos de San Luis Potosí, Jalisco y Monterrey y autoridades policiacas de Aguascalientes y Nuevo León.

En entrevista con La Jornada, Edgar Arroyo narró cómo logró desarrollar un producto capaz de atemperar enfermedades crónico degenerativas, al investigar un medicamento que sanara a su hijo de un mal aparentemente incurable.

Elementos del Estado Mayor Presidencial realizan faenas para la empresa Vegetlán, de la cual es copropietario Juan Pablo Fox (en la imagen superior). La firma se ubica en San Francisco del Rincón, Guanajuato Fotos Martín Diego

La difusión del denominado Proyecto Andy despertó el interés de la familia Fox Quesada en 2003, motivo por el cual Edgar Arroyo fue invitado al rancho San Cristóbal, donde se entrevistó con el Presidente.

Luego de ese encuentro, Marcelo Gay Guerra, "quien se ostentó como amigo personal de Vicente Fox", se presentó ante Arroyo y le dijo que "el objetivo de la visita era que invitara a Juan Pablo Fox a que formara parte del proyecto.
Presiones

"A pesar de que para esas fechas no se tenía contemplado convertir en un negocio el producto descubierto, finalmente aceptamos que era necesario contar con un plan de negocios. Era imposible decirle no a un miembro de la familia presidencial.

"Muchas instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, nos habían dicho que el proyecto era importante no sólo para México, lo que incrementó en Juan Pablo Fox o en los Fox el interés o la urgencia de formar parte de él.

"Debido a la incómoda y continua insistencia, la propuesta de que el hermano del Presidente ingresara a la empresa se aceptó, pero sólo para realizar la comercialización del producto en el extranjero.

"Como la producción era muy poca, Juan Pablo Fox nos ofreció obtener una línea de crédito a través de Nafin, lo cual no pudo concretarse.

"Aun así Juan Pablo Fox solicitó una participación de 50 por ciento del proyecto, situación que nos pareció un abuso. Ingresó con 25 por ciento de participación. Supuestamente cubriría el valor de sus acciones con utilidades o mediante el pago correspondiente al valor de los activos de la empresa a valor del mercado. Hasta la fecha no se ha dado ninguno de los dos casos.

"Pasó el tiempo y el desarrollo del plan de comercialización no se concretó, gracias a que en esa época se asoció con Jorge Vergara, dueño de la empresa Omnilife, en un proyecto que consistía en instalar unos invernaderos para producir lechugas, el cual se llamó Vegetlán."

Tiempo después Juan Pablo Fox se comunicó con Arroyo para preguntarle si tenía dinero, pero en lugar de informarle que se podía obtener una línea de crédito, le sugirió que pusiera a la venta un terreno de 500 hectáreas que tenía en Puerto Vallarta y que había sido incluido como activo de la sociedad que ambos habían concretado.

Por ello el hermano del presidente Fox puso en contacto a Edgar Arroyo con un notario de San Luis Potosí, ya que supuestamente estaba interesado en el terreno y ofrecía 84 millones de pesos por él.

Sin embargo, cuando se suponía que se iba a cerrar el negocio, apareció Juan Pablo Rodríguez Quintalán, a quien se le debía otorgar un poder pleno para comprar, vender e incluso contratar créditos a nombre de la sociedad que se encargaría de la comercialización en el extranjero.
Tras descubrir que se trataba de un engaño, el poder otorgado a Rodríguez Quintalán se canceló notarialmente, lo que causó un distanciamiento entre Juan Pablo Fox y Edgar Arroyo.

Pero en junio de 2004 de nueva cuenta Juan Pablo Fox preguntó a Arroyo si necesitaba dinero. Esta vez le dijo que sería un crédito "rápido y barato". Sugirió que se diera como garantía el terreno de Vallarta. Así fue como Arroyo supo que Vector Casa de Bolsa, cuyo propietario era Alfonso Romo Garza (presidente del grupo Savia, cuyo giro principal era la venta de semillas modificadas genéticamente, y que era socio de Monsanto), le podría otorgar el ansiado préstamo para incrementar la producción de su descubrimiento.

El 6 de septiembre de 2004, ante el notario público número 75, del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, se realizaría la protocolización del crédito.

Sin embargo, se condicionó la firma del acuerdo: "no debían aparecer en el contrato Alfonso Romo Garza ni Vector Casa de Bolsa, sino Héctor Lozano Sepúlveda (presunto prestanombres de aquél), y el monto a entregar era menor a 12.8 millones de pesos, pero se debía firmar por 14.5 millones.

"Juan Pablo Fox quedó como deudor solidario, pero aunque el compromiso era pagar de manera conjunta, algunos días después de firmar el crédito el hermano del Presidente me solicitó que yo realizara los pagos porque a él se le complicaba. Desde ese momento me dejó solo.

"En esos días llegó una propuesta de compra para el predio de Vallarta. Una empresa extranjera ofrecía 6.7 millones de dólares por el activo. Eso permitiría pagar el crédito, pero para consolidar esa operación era necesario tener el pago de impuestos del terreno al corriente, y fue cuando descubrimos que esa propiedad ya no era nuestra.

"Juan Pablo Rodríguez Quintalán, ilegalmente, lo vendió a su hermana, de nombre Rebeca, como representante de la empresa Judama, en un millón 100 mil pesos. Ahora Juan Pablo Fox aparece como un promotor y posible beneficiario del predio."

Ante esa situación, Edgar Arroyo puso en alerta a los representantes de Vector para que actuaran jurídicamente y se pudiera recuperar el terreno.

"Sin embargo, no realizaron ninguna acción legal, por lo que interpuse dos demandas, una en San Luis Potosí, que fue donde un notario público ilegalmente aceptó la compraventa del predio, y otra en Nuevo León, pues ahora resultaba que la garantía del crédito estaba en riesgo y yo debía seguir pagando el crédito otorgado por Vector."

A partir de ahí se acrecentaron los problemas de Edgar Arroyo. Tras la interposición de sus demandas fue detenido ilegalmente el 25 de febrero de este año por policías estatales de Aguascalientes, quienes lo golpearon y torturaron durante varias horas, exigiéndole que les firmara documentos en los que aceptaba ceder sus empresas y patentes, para que terminaran así sus problemas con la gente de "México y Nuevo León", y recuperaría supuestamente el predio de 500 hectáreas.

A decir de Edgar Arroyo, "un hermano del Presidente me amenazó con la pérdida permanente de mi activo (el terreno en Vallarta), el cual contundentemente lo tenía detenido hasta que no le cediera mis activos".

Tras su detención y tortura permaneció 30 días en la prisión municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde recibió presiones para ceder los derechos de sus patentes y entregar sin mayores trámites sus empresas en favor de Héctor Lozano Sepúlveda, un "prestanombres de Romo Garza" y amigo de Juan Pablo Fox.

Edgar Arroyo afirma que en las acciones de chantaje estuvieron involucrados los abogados Paulino Lorea y José Luis Reyes Vázquez. Ambos litigantes, además de ser amigos de la familia Fox Quesada, han sido los encargados de resolver distintos procedimientos jurídicos en los que han estado involucrados tanto Vicente como Juan Pablo Fox.

Paulino Lorea fue el encargado de resolver el litigio que se inició en 2001 en contra de Juan Pablo Fox por parte del First Nacional Bank, por el delito de fraude (La Jornada, junio de 2000). Esa acusación también puso al descubierto de manera incipiente el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada.

"Ellos ponían a mi consideración la cesión del Proyecto Andy, tomando en cuenta que Alfonso Romo Garza aparentemente tenía interés en él. Juan Pablo Fox inclusive habló con mi esposa y le aseguraba que él podía ordenar que me regresaran el terreno de Vallarta, pero lo condicionó a que le cediera mis activos.

"Según Marcelo Gay Guerra, el Presidente habría estado enterado de que su hermano me estaba extorsionando por conducto de José Luis Reyes y Paulino Lorea."

La detención y posterior proceso penal contra Edgar Arroyo ocurrió debido a que Héctor Lozano presentó una denuncia en su contra por el supuesto delito de fraude ya que, según él, el desarrollador del Proyecto Andy había vendido el terreno de Vallarta a Rodríguez Quintalán un día antes de que firmara el crédito hipotecario con Vector.
Falsificación de firma

Sin embargo, la investigación documental que realizó Edgar Arroyo descubrió que Rodríguez Quintalán falsificó su firma, y con un documento fechado en el mes de octubre de 2004, llevó a cabo la venta en el mes de septiembre, situación que fue aprobada por un notario público del estado de San Luis Potosí.

Actualmente Edgar Arroyo está libre bajo fianza, pero cada lunes debe comparecer ante un juez del fuero común en el estado de Nuevo León, pues de lo contrario sería reaprehendido. Hoy sus acusadores son Lozano Sepúlveda, Juan Pablo Fox y Paulino Lorea, quienes tienen como testigos de la supuesta comisión del delito de fraude a los notarios públicos que hicieron posible que con documentos falsificados se vendiera el terreno de 500 hectáreas.

Edgar Arroyo, todavía antes de salir de la cárcel, recibió una oferta para quitarse "de broncas con Vector, Poncho Romo y con los de México. Simplemente querían que firmara todo a su favor, patentes, marcas, registros, fábricas, y además un reconocimiento de deuda por 22 millones de pesos, los cuales ofrecían que pagara en dos meses".