Vacío de poder y caos en Oaxaca

Fracasan intentos de diálogo; se anticipan protestas masivas en la Ciudad de México

Francisco Robles Nava
Corresponsal de La Opinión
21 de septiembre de 2006

MÉXICO, D.F.— El jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas informó que desde ayer ordenó la implementación de un operativo de seguridad en torno a las movilizaciones que miles de oaxaqueños realizarán en esta ciudad durante los próximos días, en exigencia de la desaparición de poderes en su convulsionado estado.

"Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para coadyuvar a que la manifestación de este movimiento se encauce con normalidad en la ciudad", se comprometió el gobernante capitalino.
Simultáneamente pidió a los más de 10 mil manifestantes, que participarían en las acciones de protesta, que se movilicen sin afectar inmuebles, patrimonio, actividad física y las condiciones de vida cotidiana de la ciudad, así como a "ejercer el derecho a la manifestación con respeto a los habitantes de la capital del país".

Garantizó que estará muy al pendiente de las actividades que los inconformes lleven a cabo durante los días que permanezcan en la capital mexicana, y que particularmente atenderá las que han sido programadas para efectuarse en las cámaras del Poder Legislativos y en las sedes diplomáticas extranjeras.

"No hubiera una solución local al conflicto social en Oaxaca, y que ahora vengan a manifestarse a la capital de la república", por lo que pidió a "los gobiernos federal y estatal que atiendan este asunto", lamentó Encinas.

Un día antes, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) determinaron iniciar una marcha de alrededor de 10 mil personas hoy jueves rumbo a la ciudad de México.

El objetivo es ejercer presión ante la Cámara de Senadores y la Secretaría de Gobernación (Segob) para que estas instancias del Estado mexicano ordenen la destitución del gobernador priísta Ulises Ruiz, y con ello la desaparición de los demás poderes institucionales en esa entidad.
Aunque se desconoce el tiempo que les tomará llegar a la Ciudad de México, han advertido que una vez aquí llevarán a cabo marchas, mítines, y hasta tomas de instalaciones oficiales, que inclusive podrían ser embajadas de otros países.

Las dirigencias del SNTE han ofrecido regresar a dar clases a las escuelas públicas cinco días después de que el mandatario estatal haya dejado el cargo, mientras que los líderes de la APPO han prometido, también luego de su dimisión, devolver las radiodifusoras y medios de comunicación que tienen "tomados".

Lo que meses atrás empezó como una demanda de los maestros para que el gobierno aumentara su salario y presupuesto para la educación, el 22 de mayo pasado derivó en una situación de violencia, desorden e ingobernabilidad debido a la pasividad de los gobiernos del estado y federación.

La situación es tal que en esa entidad predomina el contrasentido: un gobierno que no se ve por ningún lado, pero que remite comunicados desde una especie de clandestinidad; un aparato de seguridad pública que no aparece por ningún lado; y grupos aislados de personas que, en rebeldía, se apoderan de bienes y controlan la actividad pública.

Ante la inminente llegada a la capital mexicana de los maestros del sindicalismo oficial y de militantes de organizaciones civiles, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Joel Ortega, llamó a éstos a comportarse dentro de la legalidad.

"Hago un atento y responsable exhorto a los que van a venir de la APPO a que realicen sus manifestaciones dentro del marco de la ley", puntualizó.

El funcionario capitalino aseguró que mientras los activistas proceden en el contexto legal, su corporación policial dará todas las garantías para que "puedan realizar de manera libre y en orden sus demandas", puesto que "sus derechos políticos están debidamente garantizados".

Garantizó que la policía capitalina resguardará las sedes de las embajadas de Estados Unidos y de Israel, así como de la residencia oficial de Los Pinos, según le corresponde, y exhortó a los mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) a que "en el ámbito de sus responsabilidades nos ayuden al despliegue de instalaciones, como el Senado de la República, el Congreso de la Unión y la Secretaria de Gobernación".

Al respecto, el equipo de transición del presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, reconoció que el principal problema que hoy tiene México es el caos que se vive en Oaxaca, por lo que pidió al gobierno federal resolverlo para no heredar conflictos.

Juan Camilo Mouriño, coordinador de tal proceso del panista, señaló que la situación en territorio oaxaqueño es "para nosotros de los principales problemas que siguen existiendo hoy en nuestro país", por lo que consideró "deseable que sea esta administración (del presidente Vicente Fox) la que termine de resolverlo y que no sea un problema que herede la siguiente administración".

Sostuvo que en la medida que una autoridad gubernamental saliente trate de dejar los menos problemas posibles a la siguiente "es muy sano, tanto para el país como para el gobierno entrante", de lo contrario, admitió, "tendremos que resolverlo nosotros".

Pese a ello, hizo hincapié en que "nosotros no somos todavía responsables de lo que ocurre", y confirmó que el único responsable ahora es el gobierno del presidente Fox y su equipo de trabajo, y en todo caso, agregó, "nosotros nos haremos responsables a partir del 1 de diciembre".
Este martes, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, estableció que una eventual entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, será decidida por el propio Fox, "según las circunstancias" que se presenten en la mesa de negociaciones con los líderes sociales y del magisterio de esa entidad.

El Congreso de Oaxaca hace tres días solicitó a la Presidencia de la República el envío de la fuerza pública para recuperar el orden, a lo cual el vocero presidencial, Rubén Aguilar, respondió que la decisión estaría en manos de la Segob.

Al preguntársele sobre el tema al titular de esa institución, responsable de la seguridad interna, contestó que la intervención solicitada "estará al criterio del señor presidente de la república, conforme al pacto federal".