Piden juzgar a Fox por delitos electorales

Felipe Calderón solicita al IFE no destruir material de comicios

Francisco Robles Nava
Corresponsal de La Opinión.
13 de setiembre de 2006

MÉXICO, D.F.— El Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral exigió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) intervenga para que las autoridades correspondientes inicien los procedimientos jurídicos en contra de los actores, políticos y económicos, que cometieron acciones ilícitas durante el proceso electoral, incluyendo el presidente Vicente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial.

"El caso del presidente [Fox] es muy concreto, y desde luego eso debe ser del conocimiento de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaria de la Función Pública (SFP) si hay una responsabilidad administrativa, y de la Cámara de Diputados si es que consideran que hay una responsabilidad política", señaló Alfredo Orellana, integrante de tal comité, independiente y plural.

También en conferencia, apuntó que en el caso de las empresas y organismos privados que violentaron la normatividad, "hay disposiciones expresas en el código federal electoral que establecen sanciones pecuniarias para quien viole las normas de este código, y corresponderá al Instituto Federal Electoral (IFE) tomar cuenta de ello".

Sobre la publicidad que los medios televisivos y radiales vendieron a individuos no autorizados para comprar y divulgar publicidad electoral, destacó que corresponde a "tanto a las autoridades que rigen a los medios concesionados como al propio IFE".

A nombre del grupo, enfatizó que si tales conductas, tanto las del presidente Fox como la de los empresarios, fueran tipificadas de ilícitos, "es ahí donde la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) y la Procuraduría General de la República (PGR) tendrían que hacer su labor".

El comité esta formado por intelectuales y especialistas en derecho, incluyendo a Sergio Aguayo Quezada, Alberto Aziz Nassif, Roy Campos, José Antonio Crespo, Denise Dresser, Clara Jusidman y Rodolfo Tuirán, entre otros, quienes, en su reporte, coinciden en que el dictamen del TEPJF conlleva "múltiples, preguntas, dudas, insatisfacciones, inconsistencias, y ambivalencias".
Menciona que el Tribunal Electoral determinó que el Presidente de la República violó los principios rectores del proceso y puso en riesgo la validez de la elección, y que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también violentó la ley, pero que decidió desechar tales violaciones porque "a su entender el efecto no había sido determinante para la elección".

Replica que esa instancia del Poder Judicial no estableció regla, referente o parámetro para decidir cuando "una violación a un principio constitucional tiene consecuencias en la validez de la elección y cuando no". Y pregunta, "¿Cuánto tiempo más de declaraciones del presidente Fox hubiesen sido determinantes? ¿Qué intervenciones adicionales del CCE hubiesen sido necesarias para transformarlas en determinantes?".

Este comité sostiene que una sanción a los que violaron las leyes electorales "es un principio fundamental para que las conductas que atentan contra los principios constitucionales no queden impunes, independientemente de su relevancia para la validez comicial".

Por tanto los miembros ven necesario que las autoridades competentes, como el IFE, la Fepade, la PGR, la SFP, la ASF, la Cámara de Diputados y cualquier otra correspondiente, "tomen medidas en el ámbito de su competencia y rindan cuentas a la ciudadanía de sus acciones a partir de esta importante resolución", hecho pública por el TEPJF.

Poco antes, el presidente electo Felipe Calderón pidió al presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que promueva un acuerdo ante el Consejo General de ese instituto para "preservar el material electoral durante el tiempo que sea posible".

"En abono a la certeza y confianza de los ciudadanos en las instituciones, solicito respetuosamente a usted que, en el marco de sus atribuciones, sea promovido al interior del Consejo que dignamente preside, el acuerdo necesario para preservar el material electoral durante el tiempo que sea posible, y así contribuir al mejor entendimiento entre los mexicanos", le solicitó a través de una misiva.

Agregó que el TEPJF ha puesto fin al proceso electoral mediante la emisión del cómputo final de la elección y de las declaratorias de validez de la elección y del presidente electo, en un proceso en el que "el apego al derecho por parte del IFE como del Tribunal Electoral, resultó determinante para la organización exitosa del proceso y fue la mejor garantía del respeto de la voluntad popular expresada en las urnas".

La petición obedece a que es instituto prevé la destrucción de la papelería utilizada en los comicios del 2 de julio, incluyendo las boletas electorales, a más tardar en diciembre próximo. Esa acción se encuentra calendarizada dentro del Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006 en el apartado Proyecto 4.2.4.1, acción 9, página 39, que señala que del 1 al 31 de diciembre se destruirá la documentación electoral.

Hasta el momento, las boletas electorales, convertidas en votos para diputados federales, senadores y presidente de la República, se encuentran resguardadas en las bodegas de las 300 Juntas Distritales en todo el país.

Por otro lado, con el propósito de poner fin al conflicto post-electoral, la coalición Por el Bien de Todos propuso al Partido Acción Nacional (PAN) realizar un recuento voto por voto de las pasadas elecciones y quien resulte ganador, entre Andrés Manuel López Obrador o Felipe Calderón Hinojosa, se convertiría en un presidente de transición por tres años cuya prioridad sería la reforma de las instituciones.

El vocero de esa asociación partidista, Gerardo Fernández Noroña, planteó que "si en el recuento sale arriba el usurpador (Calderón, según él) estará tres años como presidente de la transición de manera legal y legitima, si sale Andrés Manuel arriba, él sería el presidente de la transición por tres años, igual, con las mismas condiciones y compromisos".

Horas después, colaboradores de Andrés Manuel López Obrador y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desmintieron a su propio vocero, Gerardo Fernández Noroña, por proponer a Felipe Calderón el diálogo a cambio de aceptar el recuento de votos de la elección presidencial y del pacto para una presidencia de transición de tres años