Itinerario Político

Ricardo Alemán
28 de septiembre de 2006

Oaxaca y Calderón

Fox debe ofrecer una solución, pero el presidente electo está obligado a tomar las riendas
La urgencia por devolver a Oaxaca la estabilidad política y social y de retomar la gobernabilidad en aquella entidad pasa, en los tiempos del cambio de gobierno, por una de las mayores carencias de la naciente administración: la legitimidad política y social. Sea mediante el diálogo, la negociación y/o la fuerza, el enredo político, social y de gobernabilidad que se vive en Oaxaca tendrá que estar resuelto antes del 1 de diciembre próximo.

Como es sabido por todos, frente a un amplio sector social el nuevo gobierno -legal para todos los efectos constitucionales- carece de la legitimidad social y política suficientes debido al cuestionado proceso del que es producto, y por ello enfrenta la urgente necesidad de trabajar desde el primer momento de su gestión -y aun antes de que Felipe Calderón reciba la banda presidencial- en la construcción de esa urgente legitimidad política y social. Y casualmente el caso Oaxaca aparece como la primera prueba para avanzar en esa dirección -verdadera prueba de fuego- para saber de qué está hecho Felipe Calderón.

Y es que si bien el de Oaxaca es un problema que anidó mucho antes del 2 de julio, cuando Calderón tenía pocas posibilidades de triunfo, y que las responsabilidades del mismo se deben acreditar tanto al gobierno estatal de Ulises Ruiz, como al de Vicente Fox -en los planos local y federal-, lo cierto es que en tanto presidente electo, Calderón no sólo es parte de la solución, sino que debiera ser el eje fundamental para encontrar una salida positiva del mismo. ¿Por qué? Porque ya es su responsabilidad. Técnicamente, por razones de tiempo, el presidente Fox debe atenderlo y ofrecer una solución, pero políticamente el presidente electo está obligado a tomar las riendas del mismo, puesto que de no ser atendido, el conflicto le estallará en el rostro a Calderón el 1 de diciembre, cuando asuma el cargo de Presidente de todos los mexicanos.

Pero además -y a pesar de la paradoja que entraña-, Felipe Calderón resultó beneficiado directo del añejamiento deliberado del conflicto. Es necesario recordar que el problema fue minimizado y desatendido con el argumento de que era prioritario no contaminar el proceso electoral presidencial. Luego no se atendió porque se cruzó en la compleja crisis postelectoral. En los dos casos el beneficiado, directo o indirecto, fue el hoy presidente electo, quien el 1 de diciembre podría terminar como principal damnificado. Por eso Felipe Calderón debiera ser no el más beneficiado con la solución de ese conflicto, sino el más interesado en mostrar su talante político, sus habilidades para el ejercicio de la política, para ofrecer soluciones o, si fuera el caso, "la mano firme" de la que ha alardeado.

Por lo pronto, el mayor riesgo que corre la naciente administración, más que el gobierno que se va, es que se confirme la fusión de dos posturas extremas -extremas por su radicalismo, pero afines en sus objetivos-, que le apuestan precisamente a derribar al gobierno de Calderón. Y es que sólo basta echarle una mirada a las declaraciones y las acciones de los operadores, gobernantes y fieles del "legítimo", para confirmar que López Obrador ha colocado una de sus cartas fundamentales -en su guerra personal contra Calderón-, a la mudanza de la crisis oaxaqueña al Distrito Federal y a su transformación de crisis local, contra Ulises Ruiz, al nivel nacional, para demandar la caída del gobierno de Calderón.

El gobierno del Distrito Federal, igual que ocurrió con el plantón en el corredor Reforma-Zócalo, se convertirá en el promotor de los manifestantes venidos de Oaxaca, quienes pasarán del reclamo por la caída del gobernador Ulises Ruiz a demandar la caída del gobierno de Calderón.

Se sumarán a esa protesta los plantones locos que de tanto en tanto invaden centros comerciales que -según su delirio- apoyaron el fraude. De esa manera se gestará un problema de alcances nacionales. En pocas palabras, de nueva cuenta el dinero público servirá para dinamitar a las instituciones. Los vínculos de la crisis oaxaqueña con los intereses políticos del "legítimo" no los ve sólo el que no quiere verlos.

Y en todos los frentes se insiste en el privilegio del diálogo, la negociación, el acuerdo; en la política, pues. Y eso es lo deseable, pero lo cierto es que asistimos a una guerra política, de estrategias para derribar al adversario, más que a una lucha por reivindicaciones sociales. Pero todos o casi todos se niegan a reconocer que los rebeldes no aceptarán nada que no sea la rendición total; que se puede ofrecer lo que sea, pero que no aceptarán rendir la plaza. ¿Por qué? Porque su objetivo es precisamente provocar la solución de fuerza. Nada le resultaría más rentable al "legítimo" y a sus aliados de la APPO que la intervención de la fuerza pública.

Tendrían parque suficiente para sus batallas.

Y entonces harán creer a muchos -igual que el cuento del fraude-, que son lo mismo el uso de la fuerza del Estado, el uso de la violencia o la represión. Y no son sinónimos. La fuerza del Estado es legal, en los márgenes legales; la violencia es el uso de la fuerza por métodos ilegales y la represión es propia de las dictaduras. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx