Ha criminalizado a opositores sociales: Federación Internacional de Derechos Humanos .

El caso Oaxaca revela una profunda crisis de legalidad del Poder Judicial.

La Jornada
ALMA E. MUÑOZ

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) determinó que los acontecimientos en Oaxaca revelan una ''profunda crisis de legalidad de las instituciones'', y en específico del Poder Judicial, al grado de ''criminalizar a los opositores sociales por la vía de la fabricación de pruebas''.

En ese estado, afirmó la instancia que agrupa a 116 organizaciones de derechos humanos en unos cien países, hay ''una transgresión a la dignidad humana que merece nuestra reprobación'', así como la necesidad de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención.

Después de que dos de sus integrantes realizaran una misión de observación en la entidad, a partir del 21 de septiembre, la FIDH convocó al Estado mexicano a descartar el uso de la fuerza pública como vía para solucionar el conflicto. Le hizo un llamado, al igual que al Senado, a conformar una comisión que analice, ''con sumo detenimiento, las demandas planteadas por la organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña y nacional''.

Sus representantes Marta Ibero Dolla y Javier Mujica descartaron, no obstante, manifestarse por la destitución del gobernador Ulises Ruiz, aunque asumieron que es necesario encontrar una salida política a la problemática, toda vez que en la entidad hay una "violación del deber estatal de proteger las garantías individuales, lo que constituye un aliciente a la impunidad''.

Tras el violento desalojo del 14 de junio pasado en Oaxaca, los observadores de la FIDH se mostraron convencidos de que en ese estado hubo ''secuestros, detenciones arbitrarias y torturas, uso excesivo de la fuerza, violación del derecho a la vida, a la libertad y la integridad de las personas, así como hostigamiento contra medios de comunicación''.

Les resultó ''sumamente preocupante'' que el gobierno estatal evidenciara que lo acontecido es resultado de la ''peor experiencia de negociación laboral en 26 años'' que lleva escuchando y atendiendo problemáticas relacionadas con los trabajadores de la educación.

Como parte de su objetivo, el organismo realiza periódicamente misiones internacionales de investigación y observación judicial, para proveer a la opinión pública y a las agrupaciones internacionales de elementos de juicio sobre violaciones a los derechos humanos.

La misión que iniciaron el 21 de septiembre aún no concluye. En su agenda falta entrevistarse con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Ya lo hicieron con dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) aprehendidos en los penales de Cuicatlán y Zimatlán, víctimas de secuestro y detenciones arbitrarias, familiares de asesinados, la Unidad para la Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, organizaciones sindicales y campesinas, representantes de asociaciones de colegios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, funcionarios de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Oaxaca.

No es la primera ocasión que valoran lo referente a la administración de justicia en Oaxaca. En abril de 1997 organizaron una misión para analizar la militarización en esa entidad, Guerrero y Chiapas; en noviembre y diciembre de 2001, para abordar los derechos de los pueblos indígenas, y un año después sobre la situación de las etnias en el país.

En el informe preliminar que ayer presentaron en conferencia de prensa, Mujica e Ibero Dolla manifestaron que en México ''la situación de conflictividad ha ido en aumento, y está directamente ligada con el hecho de que las instituciones gubernamentales han sido incapaces de ofrecer soluciones concretas a las legítimas demandas de la mayoría de la población, así como de proteger y garantizar los derechos fundamentales de ésta, en particular sus derechos económicos, sociales, culturales".

Destacaron que no pudieron constatar la ''existencia de investigaciones oficiales que conduzcan a individualizar a los responsables de los actos'' que provocaron detenciones y uso excesivo de la fuerza, como tampoco medidas que "aseguren la no repetición de hechos similares". Sumaron en su reporte los asesinatos de José Jiménez Colmenares y Lorenzo San Pablo Cervantes, el 10 y 21 de agosto, respectivamente.

Sus primeras recomendaciones son cesar la ''impunidad'', privilegiar el diálogo, garantizar el respeto a detenidos y realizar una ''investigación inmediata en torno a los hechos ocurridos''.