Oaxaca: orden y prudencia
EDITORIAL DE EL UNIVERSAL
28 de septiembre de 2006
Alterada la vida social y económica de Oaxaca por las protestas de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), continúan estudiándose a nivel federal las medidas pertinentes para resolver en definitiva este problema.
Para esta madrugada se dispuso un paro de actividades económicas convocado por los empresarios y comerciantes oaxaqueños, a manera de protesta por la falta de acuerdos para resolver la situación, lo que hace todavía más complicada la vida en la capital de aquel estado.
Después de dieciocho semanas de disturbios, la economía de Oaxaca, basada en el comercio y el turismo, se ha desplomado; hay miles de despedidos y el centro histórico de la bella ciudad colonial ha sido dañado por los manifestantes.
El secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, advirtió durante una entrevista con EL UNIVERSAL que, si es el caso, "con la decisión necesaria", se usará la fuerza con prudencia, y el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, confirmó que la Policía Federal Preventiva está lista para entrar a Oaxaca.
Ciertamente, el uso de la violencia, así sea la legítima del Estado, para imponer el orden y salvaguardar la paz social, debe ser el último recurso, toda vez que se haya agotado cualquier espacio de diálogo, que es lo que debe privilegiarse.
De decidirse un desalojo usando la fuerza pública, la operación tendría que condicionarse a una actuación bien calculada, casi quirúrgica, de los cuerpos de seguridad, para evitar excesos y respetar los derechos humanos de los militantes del magisterio y de la APPO. Las policías modernas disponen de métodos disuasivos para enfrentar a muchedumbres agresivas y someterlas sin abusos. Sin embargo, vale insistir en que hay que dar oportunidad a una salida incruenta.
Las lecciones del conflicto oaxaqueño son evidentes y muestran cómo una mala negociación salarial con los maestros devino en un problema mayor, al contaminarse con los resabios de la lucha política electoral, la impericia gubernamental para el manejo de crisis y de una ominosa negligencia oficial que permitió la escalada del problema, quizá con la equivocada idea de que fuera olvidándose al paso del tiempo.
Ahora el gobierno estatal, que fue el primero que fracasó en su negociación política, pretende que del centro del país se ejerza la fuerza contra sus opositores, lo que no deja de ser injusto y a todas luces contrario al ejercicio natural de la política, entendida como el arte de negociar. El mandatario oaxaqueño tiene que reflexionar sobre la posición en la que ha puesto a su estado y en la que pretende dejar al gobierno federal.
También hay que tomar en cuenta que no bastaría con desalojar físicamente a los opositores del centro de Oaxaca, si no hay, de fondo, una negociación mayor que garantice la futura gobernabilidad del estado. El uso de la fuerza por la fuerza misma no sería suficiente para que la entidad saliera de su crisis.
Urge poner orden en Oaxaca y que regrese a la normalidad económica y política, pero debe hacerse siempre pensando en el interés mayor del país y de la paz social.
EDITORIAL DE EL UNIVERSAL
28 de septiembre de 2006
Alterada la vida social y económica de Oaxaca por las protestas de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), continúan estudiándose a nivel federal las medidas pertinentes para resolver en definitiva este problema.
Para esta madrugada se dispuso un paro de actividades económicas convocado por los empresarios y comerciantes oaxaqueños, a manera de protesta por la falta de acuerdos para resolver la situación, lo que hace todavía más complicada la vida en la capital de aquel estado.
Después de dieciocho semanas de disturbios, la economía de Oaxaca, basada en el comercio y el turismo, se ha desplomado; hay miles de despedidos y el centro histórico de la bella ciudad colonial ha sido dañado por los manifestantes.
El secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, advirtió durante una entrevista con EL UNIVERSAL que, si es el caso, "con la decisión necesaria", se usará la fuerza con prudencia, y el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, confirmó que la Policía Federal Preventiva está lista para entrar a Oaxaca.
Ciertamente, el uso de la violencia, así sea la legítima del Estado, para imponer el orden y salvaguardar la paz social, debe ser el último recurso, toda vez que se haya agotado cualquier espacio de diálogo, que es lo que debe privilegiarse.
De decidirse un desalojo usando la fuerza pública, la operación tendría que condicionarse a una actuación bien calculada, casi quirúrgica, de los cuerpos de seguridad, para evitar excesos y respetar los derechos humanos de los militantes del magisterio y de la APPO. Las policías modernas disponen de métodos disuasivos para enfrentar a muchedumbres agresivas y someterlas sin abusos. Sin embargo, vale insistir en que hay que dar oportunidad a una salida incruenta.
Las lecciones del conflicto oaxaqueño son evidentes y muestran cómo una mala negociación salarial con los maestros devino en un problema mayor, al contaminarse con los resabios de la lucha política electoral, la impericia gubernamental para el manejo de crisis y de una ominosa negligencia oficial que permitió la escalada del problema, quizá con la equivocada idea de que fuera olvidándose al paso del tiempo.
Ahora el gobierno estatal, que fue el primero que fracasó en su negociación política, pretende que del centro del país se ejerza la fuerza contra sus opositores, lo que no deja de ser injusto y a todas luces contrario al ejercicio natural de la política, entendida como el arte de negociar. El mandatario oaxaqueño tiene que reflexionar sobre la posición en la que ha puesto a su estado y en la que pretende dejar al gobierno federal.
También hay que tomar en cuenta que no bastaría con desalojar físicamente a los opositores del centro de Oaxaca, si no hay, de fondo, una negociación mayor que garantice la futura gobernabilidad del estado. El uso de la fuerza por la fuerza misma no sería suficiente para que la entidad saliera de su crisis.
Urge poner orden en Oaxaca y que regrese a la normalidad económica y política, pero debe hacerse siempre pensando en el interés mayor del país y de la paz social.
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