Luis Hernández Navarro

Oaxaca: la hora cero

La dinámica del conflicto oaxaqueño tal como se ha expresado hasta ahora se acerca a su fin. Los principales actores no cuentan ya con margen de maniobra hacia dónde moverse. Es la hora de las definiciones.

El gobierno federal tiene que decidir si reprime o construye una vía política para la remoción de Ulises Ruiz. Si decidiera hacer uso de la violencia no cuenta con el factor sorpresa de su lado. Han pasado demasiados días desde el despliegue de la Armada por mar y territorio oaxaqueño. Además, la medida no despierta la simpatía de la opinión pública, ni dentro ni fuera de la entidad.

La pretensión de abrir desde la Secretaría de Gobernación una tercera vía de solución fracasó. La oferta de otorgar al movimiento popular algunas concesiones, entre las que se encuentran la remoción de funcionarios menores y prestaciones económicas para el magisterio, sin tocar la cabeza del mandatario oaxaqueño, no es viable. Así lo expresaron con claridad tanto el magisterio como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

La intención de crear un nuevo pacto social y un nuevo interlocutor desde las filas del grupo del ex gobernador Diódoro Carrasco y algunos empresarios abortó el miércoles pasado, cuando un grupo de destacados dirigentes indígenas e intelectuales abandonaron la reunión en Bucareli convocada para ello, argumentando falta de representatividad del encuentro y la ausencia de los problemas indígenas y campesinos de la entidad en la agenda establecida.

Ulises Ruiz no tiene para dónde hacerse. Si insiste en seguir encareciendo su macabra apuesta política de usar la violencia irregular en contra de quienes piden su salida terminará perdiendo irremediablemente a sus aliados panistas. Cada vez son más los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) que ven con enorme preocupación el elevado costo que su instituto político está pagando por apuntalar al (des)gobernador oaxaqueño y que ya consideran la posibilidad de su salida.

Hasta ahora la política de Ruiz ha consistido en tratar de obligar al gobierno federal a que dé una salida policiaco-militar a un conflicto claramente político, provocando el caos y el terror en la capital del estado. Busca obligar a la administración de Fox a que pague, de cara a la historia, su incapacidad política. "Misteriosamente", cada vez que se ha abierto algún pequeño espacio de diálogo entre el movimiento popular y la Secretaría de Gobernación, las provocaciones se recrudecen en el estado. El asesinato del profesor Jaime René Calvo y la pretensión de culpar a la dirigencia de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no es más que el último episodio de esta grotesca puesta en escena. Este modelo de intervención del gobierno local quedó al descubierto con la difusión pública del Plan Hierro.

Pero el movimiento popular no tiene tampoco mucho espacio hacia dónde desplazarse. En lo inmediato logró quitarse de encima el jaque que la Secretaría de Gobernación le puso y rechazó dar su aval a la intervención de la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, no cuenta con mucho tiempo por delante.

La marcha magisterial-popular ha llegado ya a la ciudad de México. Las acciones que el contigente podrá adoptar en el Distrito Federal para mantener la atención de los medios de comunicación tienen límites precisos, y corre el riesgo de poner en su contra a una ciudadanía hipersensibilizada con las protestas sociales. Los oaxaqueños suelen ser muy cuidadosos de no provocar el rechazo de la población a su causa. Cuando en 1986 ocuparon la capital del país para exigir la realización de un congreso sindical, que el SNTE se negaba a convocar, marcharon por las calles de la ciudad coreando: "Pueblo/ disculpa/ por esta interrupción/ es que no tenemos/ ninguna solución".

Dentro de Oaxaca existe, además, una preocupación genuina entre los padres de familia y sectores del magisterio por comenzar clases y no perder el ciclo escolar. Desde agosto los maestros no han cobrado salario alguno. Cerca de 3 mil escuelas han reabierto sus puertas. La decisión de prolongar el paro de labores por más tiempo podría colocar al sindicato de los trabajadores de la educación en una situación complicada, de fuerte presión, tanto de los padres de familia como de los mismos mentores. El regreso a clases manteniendo la exigencia de la renuncia de Ulises Ruiz y no aceptando las propuestas de Gobernación es, así, una posibilidad real. No sería la primera vez en la historia del movimiento gremial del magisterio que se organiza un repliegue de esta naturaleza.

Otra es la situación que priva en las organizaciones comunitarias y campesinas que integran la APPO. Ellas no tienen la coacción que sufre el magisterio para regresar a clases. No obstante, en su mayoría, cargan con agravios provocados por el gobierno local mucho mayores que el que padecen los mentores. Un repliegue del sindicato de profesores obligaría a la APPO a reconsiderar la posibilidad de mantener la protesta en los términos en que hasta ahora se ha desenvuelto. De entrada, porque ninguna otra organización en su interior tiene la capacidad de movilización y convocatoria con que cuentan los trabajadores de la educación.

La protesta oaxaqueña no tiene relación ni con el movimiento de resistencia civil pacífica de López Obrador ni con partidos políticos ni con organizaciones armadas. Su deslinde de estas tres fuerzas ha sido público. Tampoco busca hacerse cargo ella misma de la administración pública por más que haya irrumpido dramáticamente en el gobierno de su propio destino. A pesar de ello, es rehén de los acuerdos pactados entre el PAN y el Partido Revolucionario Institucional.

Durante los próximos días, la dinámica del conflicto, como la hemos conocido hasta ahora, se modificará sustancialmente. Pero este cambio no significa que el problema haya sido solucionado. Es evidente que en Oaxaca se vive una situación de desaparición de poderes que no cesará hasta que Ulises Ruiz abandone su puesto. La hora cero ha llegado.