Estrictamente personal

Raymundo Riva Palacio
06 de octubre de 2006

El perro sí muerde

Mientras se agotan las opciones políticas del presidente Fox en Oaxaca, el uso de la fuerza se vuelve cada día más costoso.

La única vez que el presidente Ernesto Zedillo lloró durante su administración fue en diciembre de 1997, cuando 45 personas, muchas mujeres, algunas embarazadas, y niños fueron masacrados por un grupo paramilitar en Acteal. Zedillo se lamentaba con sus colaboradores más cercanos que la política -de avestruz- de su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, hubiera terminado en tragedia. Su Presidencia tendría a partir de ese momento, les confió, un antes y un después.

Por semanas, el Cisen le había advertido a Chuayffet que se estaba cocinando un episodio de sangre en Los Altos de Chiapas, pero no hizo caso. Lo mismo había sucedido en 1993 cuando los servicios de inteligencia mexicanos alertaron sobre la actividad del EZLN, pero para evitar descarrilar las últimas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el entonces presidente Carlos Salinas ignoró los informes. Para que no fueran recriminados, como lo hizo Salinas, quien justificó su falta de acción en una falla del sistema de información, en el Cisen decidieron dejar huella de sus reportes en 1997: optaron por dejar de enviárselos selectivamente al secretario de Gobernación y los colocaron en todo el sistema de alerta gubernamental que llega a las más altas esferas en tiempo real.

Hoy se está repitiendo la historia. Ante las evocaciones a la fuerza como solución en Oaxaca que ha venido haciendo el gobierno, con el presidente Vicente Fox a la cabeza, el Cisen repitió su estrategia. Desde hace una semana colocó en el sistema de alerta gubernamental los reportes de campo procedentes de Oaxaca. De acuerdo con personas que han visto los informes del Cisen, una acción de fuerza para desalojar la capital de Oaxaca de maestros y de militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) está llamando al desastre.

Lo que reporta uno de los informes del Cisen es que de las 3 mil personas en permanente movilización, hay aproximadamente 800 que están entrenadas en la lucha armada, y cuentan con seis depósitos de parque y pertrechos que son movidos constantemente para evitar ser detectados. En un momento de choque con las fuerzas federales, es altamente probable que unidades militares del EPR y de milicias o espontáneos, respondan con fuego. Pero además, subraya otro informe, se calculan en 600 aquellos menores de 18 años dispuestos a entrar en la pelea. Para entender la magnitud que entraña lo delicado de una operación de desalojo en estas condiciones, bastaría imaginarse las escenas de uno solo de esos niños o jóvenes muertos por la policía en el enfrentamiento.

Los reportes del Cisen no parecen estar siendo procesados en forma homogénea dentro del gobierno federal. El subsecretario de Gobernación, Arturo Chávez, a quien han responsabilizado de la operación del día con día de Oaxaca, ha estado informando a diferentes áreas del gobierno sobre el tipo de operación policial-militar que se llevaría a cabo, calculan entre el 10 y el 12 de octubre, de fracasar el diálogo convocado por el titular del despacho, Carlos Abascal. Chávez está alegando que el Ejército no participaría en la operación porque "seis de cada 10 soldados son oaxaqueños", justificación que ha causado indignación por lo banal. La Marina, dice, sería la que apoyaría a la Policía Federal Preventiva (PFP).

De acuerdo con el esbozo del plan de acción, las unidades especiales de la Marina serían las encargadas de levantar las barricadas en Oaxaca capital para que entren las unidades de la PFP. El problema del plan, de acuerdo con personas que conocen detalles del mismo, es que están concentrando los puntos de choque con la APPO y los maestros únicamente en las barricadas, que por definición, son los puntos más duros de atravesar por ser donde se encuentran las primeras defensas, sin mencionar que el factor sorpresa se ha evaporado completamente y permitido un reacomodo de cuadros -los más importantes ya no están en Oaxaca-, y desplazado fuerzas de oposición a nuevas posiciones.

Otra deficiencia se encuentra en la utilización misma de los marinos, que no tienen experiencia real en acciones de esta naturaleza. Lo más cercano que han estado a un enfrentamiento fue en Lázaro Cárdenas, cuando este año, en una operación de la PFP y la policía estatal de Michoacán para liberar la siderúrgica Las Truchas, se les encargó que pilotaran las lanchas por donde llegaron los policías federales. Unidades especiales de la Marina han ido llegando a Oaxaca en distintas fechas recientes, y el pasado fin de semana fueron corresponsables de la agudización del conflicto con sus vuelos de inteligencia y disuasión sobre la capital del estado en helicópteros Mi8 de manufactura rusa, en aviones C-112 españoles, y en helicópteros Bell estadounidenses con escaners para detectar armamento.

Un problema que ha hecho notar el Cisen dentro de la preparación de una solución de fuerza en Oaxaca es que no se ha debilitado el núcleo de la oposición social y guerrillera que se combinan hoy en día en la capital de ese estado. Según sus reportes, dijo una persona que los vio, no han creado condición alguna de sitio, como cortarles el suministro de electricidad y de agua, con lo que propiciarían el éxodo de la población, reduciendo los costos humanos en una operación de desalojo y ocupación, ni tampoco les han cerrado las vías de abastecimiento alimentario y armamento.

Si la información del Cisen es correcta, esto significaría que una acción contra la APPO y los maestros la próxima semana, los encontraría en un alto nivel de fuerza, sin desgaste físico y estimulados emocionalmente por los gafes del secretario Abascal con sus convocatorias al diálogo y el ultimátum que les lanzó la semana pasada.

Las encuestas que hizo el gobierno para tratar de crear las condiciones de opinión pública que respaldaran esa acción, no han tenido la respuesta esperada. Por lo mismo, lejos de irse construyendo un consenso a su favor para la intervención policial-militar, más allá de que significaría la aplicación del estado de derecho, se ha venido descomponiendo por el abandono al que sometió el gobierno federal el conflicto de Oaxaca durante más de tres meses. Los aliados presidenciales se han venido alejando y dentro del gobierno está totalmente roto el consenso por una solución de fuerza.

La Presidencia enfrenta la oposición de más de dos secretarios de Estado sobre esa vía, pero aún en esas secretarías, de Gobernación y Seguridad Pública, hay diferencias de los titulares con subsecretarios. El tiempo tampoco ha jugado a favor de la acción de fuerza, y se les está agotando con la falta de avance de Abascal en la negociación política. El único escenario al que se está llegando es la fuerza, y dentro de éste, un muerto sería el mejor o el peor resultado, según los intereses estratégicos y de largo plazo de las partes involucradas. Nada para sentirse tranquilo.

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