QUIEREN GUERRA, TENDRAN GUERRA.

Deploran apoyo de la Conago a Ulises Ruiz.

Senadores del tricolor y el blanquiazul pueden suspender garantías, advierten.

Jorge Octavio Ochoa
El Universal

OAXACA, Oax.- La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) deploró hoy el pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) -que por unanimidad apoyó la permanencia de Ulises Ruiz en el cargo- y expresó su temor de que esto sea el inicio de una "embestida final" para suspender garantías en el estado y justificar la intervención del Ejercito.

El abogado Israel Ochoa Lara, quien lleva la demanda de la APPO de desaparición de poderes ante el Senado, dijo que PAN y PRI podrían decretar desde ahí, la suspensión de garantías individuales antes que la designación de un gobernador provisional, con lo cual cerrarían todos los puentes de diálogo y se crearía un estado de excepción en la entidad.

El Ejército entraría supuestamente a reordenar la situación jurídica del estado, pero lo colocaría en un "estado de guerra", indicó.

Dirigentes de la APPO temen que esta noche o en la madrugada del miércoles se efectúe el operativo militar y policiaco para el desalojo de los miembros de la asamblea que se encuentran acampados en el zócalo de esta capital.

Mientras tanto, 14 presidentes municipales de la entidad, que dijeron hablar a nombre de 20, pidieron al gobierno de la República "que tome cartas en el asunto y actúe" para restablecer el orden. De lo contrario, están dispuestos a coordinarse.

"La ciudadanía, los padres de familia están esperando que alguien abandere un movimiento ciudadano para rebelarse. La ciudadanía está cansada de todos estos actos vandálicos", declaró Manuel Martínez Feria, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, ubicada a menos de media hora de la capital del estado.

A su vez, Doroteo García, presidente municipal de San Francisco Lachigoló, aseguró que gran parte de la gente que está destacada en las barricadas en algunas zonas de la ciudad, son efectivos y jóvenes de base del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que tienen sus comandos en Guerrero y Puebla.

Martínez Feria declaró que una de las razones del conflicto es porque algunos de los dirigentes de la APPO como Flavio Sosa Villavicencio, Rosendo Ramírez y Rogelio Pensamiento, han vivido "del chantaje" a las autoridades y del dinero que éstas les otorgan.

De hecho, Flavio Sosa, miembro de la Comisión de Enlace de esa organización, fue acusado hoy por presuntos negocios relacionados con el transporte público (taxis), y mencionado en la columna de un periódico nacional de estar en una lista de dirigentes sociales que percibían una paga mensual de 150 mil pesos desde la anterior administración y que le fue retirada a mediados de la presente.

Cuestionado por EL UNIVERSAL, el involucrado declinó hacer comentarios al respecto y simplemente dijo que conforme avancen las informaciones, entonces dará una respuesta. Entre tanto, Enrique Rueda, líder de la sección 22 del SNTE, dijo que si hay pruebas contra el dirigente, que las presenten, pero su gremio no va a hablar ni a favor ni en su contra.

Por otra parte, la Unión de Organizaciones de Taxistas del estado también acusó a Flavio Sosa de haber dado permiso a 21 unidades piratas de la APPO para dar el servicio en la capital, como parte de un negocio familiar que mantiene con su esposa y con su suegro ya que todos ellos poseen flotillas de taxis, según indicó el líder de ese gremio, Cristóbal Mendoza.

Sosa sí aceptó hablar de esto y dijo que "en lo personal no tengo ninguna relación con el grupo de taxistas que se hace pasar como taxistas de la APPO. Tengo entendido que en la Asamblea se presentaron pero ni mi organización (Nueva Izquierda) ni un servidor tenemos nada qué ver con ese grupo de taxistas".

Como se informó previamente, la Asamblea de la APPO autorizó la semana pasada a 30 taxistas, dar el servicio a mitad de precios por toda la ciudad. Sin embargo, la dirigencia de la sección 22 del SNTE advirtió desde entonces que esto se hizo sin consulta a las bases y sin aprobación.

Esta tarde la APPO determinó suspender "momentáneamente" la circulación de esas 30 unidades, ante la amenaza de la Unión de Taxistas de ser retirados por la fuerza. Cristóbal Mendoza indicó que hay una profunda indignación en el gremio, no sólo por este caso, sino porque desde hace años se otorgan "concesiones políticas" de placas para dirimir cualquier conflicto y pagar a líderes sociales.

Esto ha generado una sobreoferta de servicio y mientras 960 taxistas transitan legalmente, otros mil 500 lo hacen sin documentos, sin placas o hasta con papeles "clonados" durante la administración de la ex secretaria del Transporte, Aurora López.