Prueba de fuego

Rosa Albina Garavito
30 de septiembre de 2006

Fue tanto lo que se quiso lucrar políticamente con el conflicto de Oaxaca que estalló hace más de cuatro meses, que ahora tiene como gran damnificado al presidente electo Felipe Calderón. Más temprano de lo que se hubiera pensado, Calderón está ya pagando los costos de haberse convertido en cómplice de la alianza de su partido con el PRI. Cara está pagando la ambición de llegar a la Presidencia de la República a toda costa. Sin la legitimidad necesaria para iniciar un gobierno sólido, Oaxaca se le convirtió en una prueba de fuego para iniciar su mandato.

A partir del entallamiento del conflicto, PRI y PAN convirtieron a Oaxaca en territorio privilegiado para el intercambio de favores políticos. Para la campaña del miedo diseñada por el PAN, era muy conveniente que se exhibieran las imágenes del estallido social en la capital de ese estado. Manipular la asociación entre violencia y PRD a través de esas imágenes, seguramente benefició al PAN electoralmente; de la misma manera que le redituó en votos la alianza con los gobernadores priístas para la estrategia del fraude electoral. Y después de la elección, no ha sido menor el servicio político priísta de legitimar el dudoso triunfo de Felipe Calderón, así como el diseño de la alianza legislativa para la aprobación de las privatizaciones pendientes. A cambio de esos favores, el PRI se beneficia con la decisión gubernamental de dejar intocados cacicazgos políticos como los encabezados por los gobernadores de Oaxaca y Puebla; a pesar de la ingobernabilidad generada por Ulises Ruiz en el primer caso, y en el segundo, a pesar de las evidencias de protección de Mario Marín a la red de pederastas descubierta y denunciada por la periodista Lydia Cacho.

Pero dejar crecer un conflicto de profundas raíces sociales para hacer de él moneda de cambio, termina, como está sucediendo en Oaxaca, por convertirse en una bomba de tiempo para todos los aprendices de brujo de la clase política en el poder. Muchos de esos actores, incluyendo el Congreso local de la entidad, están solicitando la intervención de la fuerza pública. El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, ha anunciado que el Ejecutivo está considerando seriamente tomar esa medida. (EL UNIVERSAL 28/09/06) Si esa fuera la decisión, el conflicto no sólo no se resolvería, sino que se tornaría más grave aún. Hasta ahora, el intento gubernamental de dividir a la APPO ha sido infructuoso, lo que evidencia que si el movimiento inició por la satisfacción de demandas económicas para el magisterio, este se ha transformado en un amplio movimiento social por el fin de un cacicazgo político. La represión sólo haría crecer el rechazo a ese cacicazgo, además de que crearía las condiciones para que se establecieran los puentes con otras organizaciones sociales y políticas, en otras palabras, el conflicto se extendería. No olvidemos que tres décadas de deterioro socioeconómico de la población se han convertido en pradera seca que puede encenderse al menor chispazo.

Además, si hasta ahora el conflicto se ha mantenido en los linderos de Oaxaca, tampoco olvidemos que la marcha de la APPO está próxima a arribar a la ciudad de México e instalarse en plantón para exigir al Senado la desaparición de poderes. Su arribo será el 2 de octubre. A 38 años de la masacre de Tlatelolco, ¿el gobierno foxista pretende conmemorar ese episodio con otra represión? ¿Tan alto es el precio del acuerdo entre el gobierno, el PAN y el PRI por mantener a Ulises Ruiz? El principal costo político de una medida de esa naturaleza por supuesto sería para Felipe Calderón. ¿Tantos son los favores políticos que debe? La represión contra la APPO se convertiría en la marca de origen del gobierno de Calderón. Nunca es recomendable tratar de garantizar la gobernabilidad por esa vía, menos aún en la precariedad política en la que se encuentra el presidente electo por el conflicto postelectoral. La única salida política al conflicto de Oaxaca es la renuncia de Ulises Ruiz. Pero ella requiere desmantelar los términos de la alianza PRI-PAN. Si Calderón no es capaz de lograrlo, su debilidad política le hará imposible gobernar al país. Ya está pagando la factura de las complicidades para arribar al poder.

Consejera nacional emérita del PRD