A dónde vamos

El Universal
Ifigenia Martínez
18 de septiembre de 2006

La reciente imposición de la corriente de derecha que desde hace un cuarto de siglo domina el gobierno de México, representada ahora por el PAN y un fuerte sector corporativo del PRI, está en vísperas de, por cuarta ocasión, ocupar la Presidencia de la República. En forma alternativa, desde 1988 ha surgido una corriente opositora de izquierda que se ha ido fortaleciendo y todo parece indicar que en 2006 ganó la Presidencia del país, sin haber obtenido otra vez reconocimiento institucional.

En estas circunstancias, y ahora más que en otras ocasiones, la situación política se perfila como la de dos fuerzas cuya confrontación puede desembocar en un conflicto permanente que impida la gobernabilidad o, en forma alternativa el nuevo Frente Amplio Progresista recién formado utilizando los instrumentos de la representación democrática y de la presión popular, conduzca si bien lentamente y con dificultades, hacia un país con un desarrollo económico y social más equitativo.

La posibilidad de utilizar una posición de fuerza para combatir la injusta situación en la que la política neoliberal ha situado al país -y en especial a las clases campesina y laboral-, y de presionar aun con dificultades, hacia mejores horizontes, se facilita con la formación del Frente Amplio que incluye no sólo a los partido políticos de la coalición Por el Bien de Todos, a sus miembros en el Poder Legislativo federal y estatales, a los representantes de sus gobiernos y a numerosas organizaciones sociales que se quieran sumar como tales, y desde luego a las personas que sin pertenecer a ningún partido o grupo formal deseen incorporarse a este movimiento.

¿Para qué nos vamos a reunir y con qué fines? No sólo se trata de manifestar la insatisfacción y descontento por el actual estado de cosas en materia política, económica y social y nuestro disminuido prestigio en el ámbito internacional, sino de precisar la clase de país que queremos y por el que vamos a luchar.

Para tratarse en la Convención Nacional Democrática se han señalado cinco temas: combate a la pobreza y a la desigualdad; defensa del patrimonio nacional; derecho a la información; combate a la corrupción y a la impunidad; y renovación radical de las instituciones. Considero que sin la renovación institucional no es posible conseguir los otro cuatro y que es pertinente reformular los objetivos en seis líneas estratégicas con objeto de facilitar la comprensión de los cambios institucionales requeridos.

I. Defensa del patrimonio nacional incluye asegurar la productividad de la tierra, del mar territorial, del agua, los bosques, los hidrocarburos y otros recursos naturales mediante un aprovechamiento racional técnico y científico.

II. Protección de la población, en primer lugar con el derecho a la alimentación (básica) y muy en especial del cultivo del maíz ante la amenaza de la apertura pendiente del TLCAN, teniendo presente que la alimentación no sólo es ingesta sino es cultura vinculada al desarrollo rural sustentable.

III. Educación y cultura. Se trata del primer derecho social catalogado como universal, obligatorio y gratuito desde la segunda mitad del siglo XIX, y que debe ser incluyente y de calidad, y que en la actualidad abarca a la infancia y la juventud, en especial ante el escandaloso rezago en que nos han colocado los gobiernos neoliberales. En este objetivo se incluye el derecho a la información por formar parte y ser indicativo de la educación y cultura democrática de una sociedad.

IV. Derecho al empleo. Se trata de una categoría que debe analizarse en toda su complejidad, pues está asociada con el incremento del ingreso nacional y de la riqueza que necesariamente incorpora a la acumulación de capital y al progreso tecnológico y científico (know how), y con cuya adecuada legislación e instrumentación se financian complementariamente los derechos de salud, pensiones y vivienda.

V. Establecer un sistema de planeación democrática del desarrollo regional que permita incorporar el esfuerzo de todos los niveles de gobierno, de las corporaciones privadas, tanto de empresarios como de trabadores, campesinos, y otros; es decir, volver operativo el sistema de economía mixta (contemplado en la Constitución) que señale las atribuciones y áreas que corresponde manejar al Estado y al mercado regulado.

VI. Un elemento indispensable en este esquema son las instituciones e instrumentos para financiar y ordenar el desarrollo, de los cuales el principal lo constituyen los recursos, instrumentos y regulaciones de la hacienda pública con el manejo de los poderosos instrumentos de ingreso, gasto y deuda, y la regulación a su cargo de las instituciones financieras, pues el crédito es un servicio público (canaliza recursos excedentes de los ahorradores a los inversionistas mediante un precio, la tasa de interés).

Son tareas de largo alcance pero que deben abordarse con sentido de urgencia. Tal es el tamaño del esfuerzo que compromete al Frente Amplio Progresista en la lucha por la democracia, el bienestar y la igualdad que demandan en la hora actual los mexicanos.

Directora del Instituto Nacional de Formación Política del PRD