La mano del ‘cuñado incómodo’ en Tabasco

Armando Guzmán

La coalición Por el Bien de Todos reveló la existencia de un contrato entre empresa Hildebrando SA y el gobierno priista de Tabasco, a fin de presuntamente manipular padrones de programas sociales y coaccionar el voto.

Villahermosa, Tab., 9 de octubre (apro).- A menos de una semana de los comicios del 15 de octubre, el vocero de la coalición, Marcos Rosendo Medina Filigrana, exhibió copias del contrato suscrito el primero de septiembre de 2004, para el “diseño y operación de data ware house para la Sedespa”, es decir, un convenio entre Hildebrando SA y la Secretaría de Desarrollo Social y Protección al Ambiente sobre la prestación de servicios en lo que tiene que ver con la operación de programas sociales.

El contrato tuvo un costo de un millón ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos con veintidós centavos, firmado por Germán Garduza Linares y Graciela Trujillo de Cobo, en su carácter de oficial mayor del gobierno estatal, y titular de la Sedespa, respectivamente, así como por la empresa “denominada Hidelbrando SA, representada por Diego Hidelbrando Zavala Gómez del Campo, a quien en lo sucesivo se le denominará prestadora de servicios”, según las cláusulas del documento. Esta empresa, recordó Medina Filigrana, le realizó trabajos de software al Instituto Federal Electoral (IFE), y fue exhibida durante el proceso electoral federal de evadir impuestos, así como de obtener fuertes ingresos por once contratos que le otorgó Petróleos Mexicanos (Pemex) en el lapso que Calderón fungió como secretario de Energía.

También la firma fue acusada de manipular los datos electorales tras la elección presidencial del pasado 2 de julio.

El vocero de la coalición aseguró que en los trabajos de Hidelbrando está toda la información de la gente que recibe los programas sociales de la Sedespa, por lo que advirtió sobre la posibilidad de que dicha información sea manipulada por los gobiernos estatal y federal, “como parte de la alianza del PRI-AN” para coaccionar el voto en las elecciones del próximo domingo 15 de octubre.

Relató que en el proceso interno del PRI para elegir candidato al gobierno de Tabasco en abril del 2000, que disputaron Manuel Andrade Díaz y Arturo Núñez Jiménez, la titular de Sedespa, Graciela Trujillo, era secretaria de Educación en el gobierno de Roberto Madrazo, y fue “pillada” cuando instruía a grupos de maestros y funcionarios de la dependencia para que “operaran” en favor de Andrade y en contra de Núñez, a través de un audio que se hizo público. Graciela Trujillo es hermana de la líder estatal del PRI, Georgina Trujillo, ambas hijas del exgobernador Mario Trujillo; es, además, esposa del empresario Ignacio Cobo González, socio de Carlos Slim en Teléfonos de México, y dueño de los periódicos Presente, Avance y Sol de Tabasco desde donde se mantiene una permanente “guerra sucia” en contra de Raúl Ojeda, candidato de la coalición Por el Bien de Todos, denunció Medina Filigrana.

“Mega-mapachera”

Por otro lado, en el portal de Internet del gobierno estatal relativo a las licitaciones públicas, se descubrió que el pasado 13 de marzo la titular de Sedespa, Graciela Trujillo, adquirió 25 mil 408 ollas convexas número 26 y 12 mil ollas convexas número 34, así como 25 mil 408 sartenes y 12 mil comales redondos de una pieza con asa.

Estos son utensilios de cocina idénticos a los encontrados en las más de diez “mapacheras” del PRI, bodegas descubiertas y desmanteladas por la coalición, con miles de esos productos, entre ellos bicicletas, molinos de mano, rollos de alambre malla ciclón, despensas, paquetes de útiles escolares, botes de pinturas y otros enseres domésticos “para la compra del voto”, según denuncia de diputados “caza mapaches”.

La principal “mega-mapachera” fue ubicada el pasado viernes en la Ciudad Industrial de Villahermosa, con más de 50 mil productos, entre bicicletas, despensas, rollos de alambre, ollas, sartenes y otros enseres Ese mismo día, el empresario Rubén Feria Bocanegra se ostentó como propietario de la Comercializadora Covisa SA, y dueño de los productos encontrados en la “mega-mapachera”, por lo que presentó demanda penal en contra de los diputados federales del PRD, Francisco Sánchez Ramos, Moisés Dagdug Lutzow y Mónica Fernández Balboa, por los delitos de robo, allanamiento de morada y los que resulten.

Feria Bocanegra se identificó como comerciante dedicado a vender productos para el hogar, la industria y el campo, sin embargo, la empresa Grupo Covisa SA figura como proveedor del gobierno estatal bajo el número 0751, de acuerdo con el padrón de proveedores del gobierno estatal. “Todo fue un montaje del gobernador Manuel Andrade para hacer creer que la mapachera del PRI es propiedad de este empresario (Feria Bocanegra) que recibe beneficios del gobierno estatal como proveedor”, aseguró el vocero de la coalición, Marcos Rosendo Medina Filigrana.