EL RETROCESO

josé gil olmos

México, D.F., 6 de septiembre (apro).- El pasado proceso electoral ha dejado la sensación de que las principales instituciones políticas, electorales y judiciales del país sufrieron un grave retroceso por su actuación durante las elecciones.

Certeza, legalidad, transparencia y confianza son las exigencias que no cumplieron las instituciones encargadas de organizar la elección, pues a lo largo de la campaña fue evidente la ilegalidad en que incurrieron la presidencia de la República, empresarios y hasta la Iglesia católica haciendo proselitismo a favor de Felipe Calderón. Al final del proceso electoral ni una sola de las actuales instituciones se salva de la crítica por su desempeño realizado antes, durante y después de las campañas electorales. Su descrédito social es más que evidente.

Los partidos perdieron credibilidad, las instituciones judiciales certeza, la Presidencia de la República confianza y las autoridades electorales transparencia.

La crisis en la que nos sume esta elección, en la que resultó triunfante de manera sospechosa Felipe Calderón, es tan profunda que tardará tiempo en salir de ella.

Hace seis años, cuando ganó Vicente Fox, las expectativas sociales de un cambio político, social y económico en el país, eran muchas. Pero desde su primer año de gobierno, el ranchero guanajuatense dio señales de un fracaso predestinado por una incapacidad de gobernar manifiesta.

Fox nunca intentó cambiar las estructuras de poder con las que gobernó el PRI por siete décadas. Dejó intacto el sistema corporativo de sindicatos, sobre todo el de los maestros, dirigido por Elba Esther Gordillo, a la postre su principal socia política.

Tampoco tocó la ley electoral con tal de aprovecharse de ella en el momento más propició, y no movió un dedo para tapar los hoyos legales por donde se escapa la corrupción gubernamental e, incluso, fue permisible para que se aprovecharan de ellos los hijos de su esposa Marta Sahagún, hoy los nuevos ricos del foxismo.

Fox perdonó los crímenes del pasado e indultó políticamente a los principales culpables de la guerra sucia de los setenta, sobre todo al expresidente Luis Echeverría Alvarez.

También dejó libre al personaje que, para muchos mexicanos, reencarna la corrupción política, Raúl Salinas de Gortari, pues no obstante que existían pruebas de su enriquecimiento inexplicable no hizo nada para mantenerlo detrás de las rejas. Y en su sexenio salieron libres otros personajes empalmados con la corrupción, como Ángel Isidoro “El Divino”, Gerardo de Prevosin, Carlos Cabal Peniche, Jorge Lankenau y Oscar Espinosa Villarreal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue otra de las instituciones que perdió credibilidad, sobre todo cuando los magistrados aprobaron el anatocismo que no es otra cosa que la usura de los bancos hasta entonces prohibida por la ley. Bajo la mirada complaciente de los jueces, los bancos pudieron cobrar los intereses que, sobre intereses, venían generando miles de ciudadanos afectados por el crack de 1995-1996.

La Procuraduría General de la República tampoco cumplió con las esperanzas ciudadanas, y junto con la nueva Secretaria de Seguridad Pública, mostró su porosidad a la corrupción cuando “El Chapo” Guzmán salio de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande ¡en un carrito de comida!

El Instituto Federal Electoral, que tanto trabajo costó para su creación como instancia ciudadana apartidista destinada a organizar los procesos electorales con transparencia y confianza, fue echada a perder por los actuales consejeros, presididos por Luis Carlos Ugalde. Todos los consejeros fueron elegidos en una negociación entre Elba Esther Gordillo y el panista Germán Martínez, de tal manera que sus intereses estaban supeditados más a los partidos políticos o a los personajes que a los del propio instituto electoral. Su actuación en el tiempo de campaña dejó mucho que desear, sobre todo en la permisividad a la intervención del presidente Vicente Fox y de los empresarios apoyando a Felipe Calderón.Mientras, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la última instancia en la que se tenía una esperanza para enderezar el proceso electoral, dictaminó su sentencia desdeñando lo que la mayoría vio en las pantallas de televisión: la intervención del poder presidencial y empresarial. Aunque reconoció que habían participado ilegalmente, poniendo en “peligro” el desarrollo de la competencia, al final los magistrados dijeron que no habían incidido en el resultado final. De esta manera convalidaron la ilegalidad, pues en futuras elecciones cualquier poder gubernamental o empresarial podrá violar la ley e intervenir directamente en el desarrollo de las elecciones, pues sabrán que no habrá castigo alguno.

La desconfianza alcanzó también a los medios, sobre todo a algunos como Televisa, la mayoría de las estaciones de radio, y periódicos como Reforma que jugaron un papel de voceros del candidato presidencial del PAN, en lugar de informar imparcialmente.

El vacío que genera la desconfianza institucional producida por el gobierno de Fox y la elección que gana Calderón, es profundo. Pronto veremos el pago que tendrán que hacer el michoacano por las alianzas que hizo con los gobernadores del PRI, con la maestra Elba Esther Gordillo, con los empresarios más fuertes –entre ellos Televisa—y, sobre todo, con los representantes de la derecha más conservadora del país. De ese tamaño será el retroceso; ese será el precio de su victoria