Luis Linares Zapata

Momento decisorio

La suerte de los oaxaqueños está echada. Un conjunto de notables se reunirá este día con monseñor Abascal para decidir el conjunto de medidas, pretendidamente renovadoras, con las que dar respuesta al conflicto en esa entidad. Pero, en el fondo, todo apunta hacia una sesión justificadora del uso de la fuerza. Después de tan conspicua concurrencia de ciudadanos representativos (según un directorio oficial a la carta) las salidas planteadas pueden imaginarse que ocurrirán en el largo plazo. Es decir, dejadas en las azarosas manos de aquellos que han llevado a Oaxaca a la situación actual: una maraña de problemas enquistados por años, unidos a vejaciones de circunstancia que bien pueden ser ejemplares para una buena parte del país.

Una cosa sorprende en todo el palabrerío y las asonancias actuales que se desgranan en, desde y por Oaxaca: la coincidencia para calificar el uso de la fuerza implorado. Todos claman por terminar con la inseguridad, con el secuestro de la ciudad, con el estado de indefensión de, según un recuento desconocido hasta ahora, la mayoría de la población a manos de un grupo, de un grupúsculo de revoltosos. Pero esos mismos ciudadanos indignados ante la anarquía, dignos de ser escuchados, de inmediato, como puestos en concordancia por un poderoso conjuro unificador, concluyen que ese operativo policiaco deberá ser ordenado, pacífico, apegado a derecho, incruento, no represivo y hasta certificado por miembros de los organismos de derechos humanos más famosos.

Es decir, nadie quiere pagar el costo de su petición, de su postura, de su personal deseo. Quieren, con un lenguaje rebuscado y confuso, esquivar la propia responsabilidad. Intentan tomar distancia, en la pequeña o cruenta historia de los sucesos que habrán de desencadenarse, para salvar conciencia y prestigio. Nadie quiere verse ante el tribunal de los encasillamientos populares que ya apuntan hacia los derechistas extremos, a los fascistas, a los duros defensores de intereses atrincherados.

Todos optan, al final de sus proclamas o sesudos análisis de la situación, por deslindarse de la represión que, siempre, bien lo saben o sospechan, lleva injertado el germen de la violencia desatada. Las mismas autoridades federales tratan de hacer mutis, encomendarse a Dios o desaparecer de la escena. Lo iban logrando, agazapados en la tramitología burocrática, en el pase de la responsabilidad de una sede a otra, hasta que el presidente electo les envió el atento y terminal mensaje: no dejen pendientes, solucionen lo que, de variadas formas, ocasionaron.

Y entonces entraron en el horripilante drama de tomar decisiones cruciales, difíciles, imaginativas, concertadas y que requieren habilidad, destreza política. Una tarea para la cual no están, aun después de seis años, preparados los gerentes que todavía despachan desde los cargos más altos de la administración foxiana. Menos todavía si se piensan los ropajes de creyentes que los adornan, sus inclinaciones de gente pacífica, atados al derecho y las instituciones, tal como predican desde elevados y puros atriles al referirse a sí mismos.

Cómo atacar un problema que exige voluntad de poder, transitar entre opciones a cual más complicada, tediosas unas, de largo aliento y enraizado origen otras. No señor, estos casos difíciles y desesperados hay que repartirlos entre muchos, con los que se dejen, con los que por ahí aparezcan, con los incautos si se puede.

Las salidas al caso de Oaxaca, para mal de los pobladores de ese accidentado recodo del sur profundo, están determinadas por una lógica diferente: la gobernabilidad de la gestión del panista Felipe Calderón. Es esa visión, ya convenida, la que impide formular, de manera adecuada, la serie de ataduras que el conflicto plantea. También impide imaginar opciones constructivas que velen por el bienestar de los oaxaqueños como actores comprometidos y afectados por el drama de sus terribles condiciones de vida y la falta de oportunidades para su desarrollo.

La renuncia, la defenestración de Ulises Ruiz o la desaparición de poderes estatales se han conectado, por obra y gracia de la estratégica postura del grupo todavía en oficina, por decisión del presidente electo, del PAN y demás apoyadores, con un imponderable irreductible: unir fuerzas con algunos de los dirigentes del PRI. Necesitan, primero que todo y ante cualquier consecuencia, dar viabilidad a la continuidad propuesta. Garantizar la toma de protesta venidera. Y, todavía sin apreciar con claridad las consecuencias de tal medida de superestructura, se han ligado, panistas y priístas de cierta altura burocrática, de manera por demás sospechosa y de resultados bajo cuestión.

La renuncia del gobernador cuestionado pasa entonces por filtros que la hacen, al menos por ahora, inaceptable para los mandones. Recibe tantos influjos extraños el conflicto oaxaqueño como poderosos son los intereses que la atan con la actividad del Congreso. El futuro calificará el costo de tal ganancia en la rebatinga circunstancial.

Por mientras, que la cuestión oaxaqueña se pudra. Algunos mañosos ayudan ya a la descomposición local inventando guerrilleros de cohetones. Del envío de espías y provocadores nocturnos, han pasado a embozados asaltantes que dejan comunicados dignos del vocero presidencial.

Al elevar los ya de por sí altisonantes decibeles de la alarma ciudadana, al corear en cualquier medio de comunicación disponible el uso de la fuerza, se demostrará, de manera irónica y peluda, lo insostenible de un sueño reformador profundo. Al final, quedará gravada con pólvora, coraje y sangre, la idiota pretensión de hacer un gobierno de continuidad.