Pese al contubernio PRIAN, el gobierno "da largas" mandando el conflicto al Senado.

Denuncian ONG preparación de ataque federal en Oaxaca.

Acuerda el magisterio no atender ninguna de las medidas de distensión pactadas con Abascal.

La Jornada
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL

Más de 20 organizaciones civiles manifestaron "preocupación por las graves señales venidas del gobierno federal" sobre la eventual intervención de fuerzas federales de seguridad en la entidad para reprimir a miembros del movimiento magisterial y popular que reclama la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

La información sobre el envío de fuerzas federales "representa una amenaza a la salida política y pacífica que todos los oaxaqueños deseamos y buscamos, esperanza que ha sido manifiesta también por diferentes sectores nacionales e instancias internacionales", afirmó Aline Castellanos Jurado, integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, durante una conferencia de prensa que ofreció con miembros de otros organismos no gubernamentales.

La activista dijo saber "por diversas vías" de un inminente operativo de la Agencia Federal de Investigación (AFI), llamado Global 5, "el cual, sumado a las declaraciones del vocero presidencial, Rubén Aguilar, sobre la valoración del gobierno federal para enviar fuerzas a Oaxaca, nos pone en alerta sobre la posibilidad real del ingreso" de la corporación a la entidad.

Esto -añadió- se suma a la campaña mediática del gobierno estatal en televisoras nacionales "para criminalizar el movimiento social y justificar su petición de entrada de fuerzas federales".

Destacó que una salida de fuerza representa "doble discurso gubernamental, pues no es posible que se dé cabida a la petición del gobierno estatal de enviar fuerzas federales, cuando en la mesa de negociación todos los actores han manifestado su disposición para la búsqueda de alternativas no violentas".

En tanto, el magisterio oaxaqueño determinó, además de posponer nuevamente el inicio del ciclo escolar 2006-2007, no atender ninguna de las medidas de distensión solicitadas por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y retrasar la entrega de vehículos de dependencias federales y autobuses del transporte urbano, así como el retiro de las barricadas, "hasta en tanto no se vaya" Ruiz Ortiz.

"La salida del gobernador no es negociable ni renunciable", reiteró el secretario de prensa y propaganda de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Rosas Romero.

Expuso que la asamblea estatal asumió tal determinación porque, por un lado, el movimiento magisterial apuesta por el diálogo para la solución del conflicto político-social, y por otro, el gobierno federal "da largas al asunto y entrampa en forma deliberada el caso al dejarlo en manos del Senado de la República, a sabiendas del pacto PAN-PRI".

Añadió que la Comisión Unica de Negociación del magisterio oaxaqueño y de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) acudirá mañana a la ciudad de México a reunirse con Abascal, para informarle de los acuerdos de no iniciar el ciclo escolar 2006-2007 hasta cinco días después de la salida de Ruiz Ortiz, "y de su voluntad por resolver esto por la vía del diálogo".

Asimismo, confirmó que el próximo jueves el magisterio oaxaqueño empezará una marcha-caminata a la ciudad de México, donde instalará un plantón indefinido frente al Senado de la República para exigir solución a sus demandas. En el trayecto, los participantes de la protesta realizarán mítines en los estados de Puebla y Morelos.

Por otra parte, sostuvo que los 70 mil trabajadores de la educación en el estado han dejado de percibir al menos 400 millones de pesos por la suspensión de sus salarios realizada por los gobiernos federal y estatal.

Por su parte, el vocero del gobierno estatal, Miguel Angel Concha, instó al presidente Vicente Fox a responder, "a la brevedad posible", el requerimiento de la legislatura local para enviar fuerzas federales al estado.

En entrevista colectiva, el portavoz afirmó que con la petición no se pretende "llevar a cabo un desalojo" del plantón indefinido del movimiento magisterial y popular, sino "preservar el orden público y garantizar el estado de derecho".

Aseguró que el gobierno estatal "seguirá privilegiando el diálogo y la concordia" para resolver el conflicto, y consideró que el movimiento magisterial y popular "no da visos claros" de buscar una salida pacífica al diferendo.

Mientras, Flavio Sosa Villavicencio, miembro de la coordinación provisional de la APPO, rechazó el supuesto informe de la Secretaría de Gobernación aparecido en medios de comunicación editados en la ciudad de México, que vincula a integrantes de la alianza con apoyos por 400 millones de pesos del gobierno estatal, asaltos bancarios, invasión de tierras y con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

"Es parte de la campaña mediática del gobierno federal, en la que se están derrochando millones de pesos para descalificar el movimiento magisterial y popular y para tratar de limpiar la imagen tan deteriorada de Ulises Ruiz, ante el evidente acuerdo de PRI y PAN", señaló.

Aclaró que organizaciones adheridas a la APPO han gestionado recursos de programas federales y estatales para el desarrollo social de pueblos y comunidades, "pero siempre con base en la normatividad exigida, porque siempre han llegado a sus destinatarios".