Oaxaca: pobreza, impunidad...
Ana María Aragonés
Los acontecimientos que se viven en Oaxaca son clara muestra de la corrupción y la falta de democracia que ha sumido en la pobreza extrema a un estado maravilloso por su cultura, pero misérrimo por su calidad de vida.
Junto con Veracruz, Hidalgo, Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de más alta marginación. No es extraño que estas entidades tengan un lugar importante en las estadísticas migratorias. Oaxaca, con una tradición larga, y los cuatro primeros, que antes no presentaban importantes flujos migratorios, ahora son considerados estados naturales de expulsión, cuya población no sólo se dirige al interior de la República, sino a Estados Unidos.
Oaxaca ocupa el último lugar del país en la mayoría de indicadores de pobreza, tales como falta de electricidad, drenaje, agua potable, pisos y paredes dignas, entre otros. Por ejemplo, sólo 65.5 por ciento de oaxaqueños cuentan con agua entubada y tienen los promedios de ingresos por hogar y persona más bajos entre las entidades, con 2 mil 578 y 2 mil 592 pesos mensuales, respectivamente. Por estado, Oaxaca concentra el mayor número de municipios en tal condición (73), seguido por Chiapas (19), Puebla (14) y Guerrero (11), y posee 74 por ciento de ayuntamientos con mayores desigualdades de ingreso.
El 40 por ciento de hogares más pobres en Oaxaca acumula el nivel de ingreso más bajo del país (2.5 por ciento). La diferencia entre el 10 por ciento de los hogares más ricos respecto del 40 por ciento con menores recursos es de 13 veces. El hogar oaxaqueño está habitando en promedio por siete habitantes, lo que supone situaciones de hacinamiento y condiciones insalubres, pues 39.5 por ciento de éstos tienen piso de tierra y 67.5 por ciento cuenta con techos de materiales ligeros, naturales y precarios.
En 2000 el mayor porcentaje de mortalidad infantil se debía a problemas de desnutrición.
A consecuencia de la migración, Oaxaca reporta un incremento de infectados de sida, cuya prevalencia en siete años aumentó 25 por ciento, de tal suerte que en 270 municipios existe por lo menos un enfermo.
Más de 30 por ciento de la población escolar en Oaxaca está al margen de la educación, y de cada 100 mujeres, 27 son analfabetas. En cuestión de salud, 80 por ciento de las mujeres padecen desnutrición crónica y siete de cada 10 sufren o ha sufrido cáncer cervicouterino, por lo que Oaxaca se encuentra en los tres primeros lugares en el ámbito nacional por mortalidad materna.
Ante esta triste e inaceptable realidad, resulta punto menos que natural la insurgencia social que ha dado lugar a la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Esta agrupación nace el 17 de junio de 2006, después de la brutal represión del gobernador Ulises Ruiz para desmantelar un plantón que mantenían los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo.
Las reiteradas agresiones del mandatario contra la población y los periodistas que han denunciado estos atropellos -pretendiendo acallar a los medios críticos e independientes, así como a las radios comunitarias- es un indicador de la falta de democracia y de la impunidad bajo la cual se mueve Ulises Ruiz.
Llevar a Oaxaca por un camino de justicia económica y social, que revierta tanta miseria y con ello los flujos migratorios que afectan el tejido social de familias y comunidades -algo que no puede repararse pese a las remesas- pasa, entre otras cosas, por la destitución de Ulises Ruiz. Sin embargo, esta lucha debe enfrentar a las "sagradas instituciones" defendidas por el gobierno federal, que para mantenerse en el poder ha reditado una muy conveniente alianza con el PRI, el cual ha aceptado el fraude electoral. Pero la factura por esta alianza empieza a cobrarse, y los gobernadores priístas no se tocan, bajo la velada amenaza de que "a otros podría pasarles lo mismo" (léase Felipe Calderón).
México tiene ahora una nueva expectativa con la convención nacional democrática. Discutir sobre un nuevo proyecto de nación, sobre democracia, rendición de cuentas, transparencia y el fin de la impunidad, es el camino para reparar tanta injusticia. Sólo así la migración de mexicanos hacia Estados Unidos puede iniciar un camino de retorno.
amaragones@gmail.com
Ana María Aragonés
Los acontecimientos que se viven en Oaxaca son clara muestra de la corrupción y la falta de democracia que ha sumido en la pobreza extrema a un estado maravilloso por su cultura, pero misérrimo por su calidad de vida.
Junto con Veracruz, Hidalgo, Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de más alta marginación. No es extraño que estas entidades tengan un lugar importante en las estadísticas migratorias. Oaxaca, con una tradición larga, y los cuatro primeros, que antes no presentaban importantes flujos migratorios, ahora son considerados estados naturales de expulsión, cuya población no sólo se dirige al interior de la República, sino a Estados Unidos.
Oaxaca ocupa el último lugar del país en la mayoría de indicadores de pobreza, tales como falta de electricidad, drenaje, agua potable, pisos y paredes dignas, entre otros. Por ejemplo, sólo 65.5 por ciento de oaxaqueños cuentan con agua entubada y tienen los promedios de ingresos por hogar y persona más bajos entre las entidades, con 2 mil 578 y 2 mil 592 pesos mensuales, respectivamente. Por estado, Oaxaca concentra el mayor número de municipios en tal condición (73), seguido por Chiapas (19), Puebla (14) y Guerrero (11), y posee 74 por ciento de ayuntamientos con mayores desigualdades de ingreso.
El 40 por ciento de hogares más pobres en Oaxaca acumula el nivel de ingreso más bajo del país (2.5 por ciento). La diferencia entre el 10 por ciento de los hogares más ricos respecto del 40 por ciento con menores recursos es de 13 veces. El hogar oaxaqueño está habitando en promedio por siete habitantes, lo que supone situaciones de hacinamiento y condiciones insalubres, pues 39.5 por ciento de éstos tienen piso de tierra y 67.5 por ciento cuenta con techos de materiales ligeros, naturales y precarios.
En 2000 el mayor porcentaje de mortalidad infantil se debía a problemas de desnutrición.
A consecuencia de la migración, Oaxaca reporta un incremento de infectados de sida, cuya prevalencia en siete años aumentó 25 por ciento, de tal suerte que en 270 municipios existe por lo menos un enfermo.
Más de 30 por ciento de la población escolar en Oaxaca está al margen de la educación, y de cada 100 mujeres, 27 son analfabetas. En cuestión de salud, 80 por ciento de las mujeres padecen desnutrición crónica y siete de cada 10 sufren o ha sufrido cáncer cervicouterino, por lo que Oaxaca se encuentra en los tres primeros lugares en el ámbito nacional por mortalidad materna.
Ante esta triste e inaceptable realidad, resulta punto menos que natural la insurgencia social que ha dado lugar a la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Esta agrupación nace el 17 de junio de 2006, después de la brutal represión del gobernador Ulises Ruiz para desmantelar un plantón que mantenían los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo.
Las reiteradas agresiones del mandatario contra la población y los periodistas que han denunciado estos atropellos -pretendiendo acallar a los medios críticos e independientes, así como a las radios comunitarias- es un indicador de la falta de democracia y de la impunidad bajo la cual se mueve Ulises Ruiz.
Llevar a Oaxaca por un camino de justicia económica y social, que revierta tanta miseria y con ello los flujos migratorios que afectan el tejido social de familias y comunidades -algo que no puede repararse pese a las remesas- pasa, entre otras cosas, por la destitución de Ulises Ruiz. Sin embargo, esta lucha debe enfrentar a las "sagradas instituciones" defendidas por el gobierno federal, que para mantenerse en el poder ha reditado una muy conveniente alianza con el PRI, el cual ha aceptado el fraude electoral. Pero la factura por esta alianza empieza a cobrarse, y los gobernadores priístas no se tocan, bajo la velada amenaza de que "a otros podría pasarles lo mismo" (léase Felipe Calderón).
México tiene ahora una nueva expectativa con la convención nacional democrática. Discutir sobre un nuevo proyecto de nación, sobre democracia, rendición de cuentas, transparencia y el fin de la impunidad, es el camino para reparar tanta injusticia. Sólo así la migración de mexicanos hacia Estados Unidos puede iniciar un camino de retorno.
amaragones@gmail.com
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