La rebelión en las comunidades de Oaxaca.

Francisco López Bárcenas

El conflicto oaxaqueño se empantana. En la medida en que Secretaría de Gobernación regatea a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) su intervención para que el repudiado Ulises Ruiz Ortiz abandone el puesto de gobernador que desde hace meses no ejerce, el ambiente se tensa más. A falta de condiciones para el ejercicio del poder, los funcionarios gubernamentales, los diputados priístas y organizaciones afines a ellos, se dedican a recorren el estado difundiendo una campaña de desprestigio contra los ayuntamientos legalmente constituidos, el magisterio y las organizaciones que participan en la APPO, achacándoles todos los males sociales que padece. Intentan mantener su dominio recogiendo escombros del poder que por tanto tiempo usufructuaron, desde donde agraviaron a los pueblos y comunidades, hasta lograr que éstos se cansaran de resistir y se rebelaran.

Por su lado, las comunidades rebeldes fortalecen sus redes de resistencia y se preparan para una larga lucha. Por diferentes razones quieren la salida del gobernador, porque suponen que de esa manera se puede comenzar a derrumbar la antidemocracia y el autoritarismo que pernean el ejercicio del gobierno en el estado. Sencillas como son, expresan su demanda en peticiones muy concretas. Es el caso de las 13 agencias municipales y de policía del municipio de Chalcatongo, en la Mixteca Alta, de donde es originario el repudiado gobernador, quienes le reprochan su proceder autoritario y represivo, así como su falta de tacto para resolver los problemas, además de no cumplir sus promesas de campaña, razones por las cuales lo han declarado persona non grata y exigen su renuncia. Un caso es el de las 25 comunidades de Tlaxiaco, las cuales, organizadas en una APPO regional, al mismo tiempo que repudian la violencia estatal contra el movimiento, piden a las autoridades correspondientes intervenir de manera inmediata para que Ulises Ruiz deje el cargo para cuyo ejercicio se ha mostrado incapaz. Con los mismos fines, en las comunidades de la región Triqui Alta han constituido la APPO regional y se espera que en días próximos lo hagan en otros lugares.

Pero el repudio no es sólo en la Mixteca. En la sierra Juárez se quejan de la permanente falta de recursos económicos para el desarrollo, lo mismo que de la manipulación de los héroes nacionales, como ha sucedido en el bicentenario del natalicio de Benito Juárez. En el istmo de Tehuantepec, a la lucha de la Unión de Comunidades Indígenas de la Sierra Norte del Istmo (Ucizoni) ahora se suma la de una fracción de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) que gobierna el municipio de Juchitán, suceso importante si se toma en cuenta que hasta hace unos días su apoyo era para el repudiado gobernador. Por todo el estado puede verse una rebelión de comunidades, esgrimiendo una acumulación de agravios añejos y contemporáneos, una rebelión más real que la imagen difundida por muchos medios de comunicación, que reduce la protesta al gremio magisterial y unos cuantos radicales que quieren desestabilizar al gobierno.

Llama la atención el carácter pacífico de la rebelión de las comunidades. Por si alguien no lo ha notado, es bueno recordar que ninguna comunidad ha llamado a la violencia, y cuando ésta se ha presentado, proviene de la represión gubernamental contra las localidades rebeldes o de la defensa de éstas frente a la agresión orquestada desde el poder estatal. Otro dato de lo pacífico de la rebelión es que los inconformes apelen siempre al derecho y a las vías institucionales para solucionar el conflicto. Desgraciadamente se han encontrado con que están paralizadas, secuestradas por una red de intereses ajenos a ellas y sus demandas, más interesadas en proteger al repudiado gobernador que en atender sus necesidades. El grado extremo de lo pacífico de la rebelión comunitaria es el hecho de que ante la aparición de presuntos grupos armados que apoyarían las demandas de la APPO, las comunidades han declarado que ellas mismas los detendrán si vuelven a aparecer.

Por eso es preocupante que la Secretaría de Gobernación rebaje su función a simple oficialía de partes, para informar al Senado de las demandas de los oaxaqueños en lugar de enfocar sus esfuerzos en conseguir un acuerdo político con los actores que sean necesarios para que se resuelvan las demandas de las organizaciones y las comunidades indígenas. De igual manera, es inquietante que la institución encargada de la política interna del país sólo haga eco a una salida tejida desde los círculos gubernamentales, para que la APPO abandone su demanda de que se vaya el gobernador, a cambio de una reforma política en el estado; propuesta que en parte coincide con la demanda del movimiento oaxaqueño, pero sin el actual gobernador y tejida desde las bases. Por eso las comunidades se preparan para una larga lucha. Adelantándose a los sucesos, varias ya discuten cuál puede ser su futuro inmediato y hacen planes para que sea una realidad. Para ellas el estado ya cambió, y cualquiera que sea el rumbo final del movimiento, no están dispuestas a continuar como hasta ahora.