Gobernar sin instituciones

Manuel Camacho Solís
11 de septiembre de 2006

Las diversas manos que están conduciendo la política no saben gobernar en una situación de crisis. Su incapacidad puede llevar a la represión, con lo cual no lograrán sino agravar los conflictos.

En la defensa de su fortaleza están destruyendo sus torres y sus puentes. Menciono tres ejemplos.

Primero. La decisión del Tribunal Electoral. Se sabía que el régimen había tomado la decisión de sostener a Felipe Calderón. No aceptaría, por tanto, la anulación. Lograron el objetivo que deseaban, pero a un costo inmenso.

Salvo para los aduladores de la cargada que han gastado cientos de millones de pesos en exaltar las virtudes del Tribunal y del IFE, no hay un abogado que se respete a sí mismo que piense que el dictamen del Tribunal estuvo bien hecho. Hay un consenso generalizado respecto de que la decisión de los magistrados tiene fragilidades éticas y técnicas.

El texto es legal y lógicamente inconsistente. Cómo se atreven a sostener que el Presidente puso en riesgo la elección, sin que pase nada. Que el CCE violó la ley, sin que haya ninguna consecuencia. Que no hay manera de medir si los actos ilegales por sí, o en su conjunto, habrían modificado el resultado. ¿No bastaba con revisar las encuestas que midieron el impacto de esos hechos? ¿No tenían a su alcance los instrumentos de la mercadotecnia?

Los magistrados aceptaron que se violara la ley y fueron contra sus propias tesis y jurisprudencia. Pudieron haber resuelto el conflicto, pero decidieron pasarlo a la siguiente instancia. ¿Cuál? Se sabía que la votación estaba dividida y terminaron votando por unanimidad.

Su dictamen pone en evidencia que fue forzado el consenso. Quien forzó la unanimidad, desacreditó a los magistrados y a la institución. En la crisis, acabaron con el prestigio que tenía el Tribunal. Si tan sólo hubieran permitido el voto diferenciado, no se habría terminado con el engendro legal que se produjo y se habría dejado a salvo la honra de los magistrados y el prestigio del Tribunal.

Segundo. El anuncio que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados de que, de ser necesario, para garantizar la protesta de Felipe Calderón, meterá a la fuerza pública al interior del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el 1 de diciembre. Es natural que el régimen tenga que buscar la manera de evitar que lo que ocurrió el 1 de septiembre se repita el día de la toma de posesión, pero la manera como se prepara para hacerlo es la peor. ¿Qué parlamento que se respete a sí mismo puede aceptar que la policía entre a sus sesiones y reprima la libertad de sus legisladores? ¿Eso en televisión mundial?

Tomar y aceptar una decisión como esa liquidaría a la división de poderes. Es tanto como querer hacer una operación de microcirugía cerebral con un machete. ¿Qué no sería mejor entender de qué tamaño es la inconformidad, e imaginar soluciones políticas que estén a la altura del problema que se enfrenta?

Tercero. Oaxaca. ¿Quién va a asumir la responsabilidad de haber dejado que las cosas llegaran al punto en el que se encuentran? ¿Siguen pensando que lo mejor es dejar que las cosas se resuelvan por sí mismas, que los movimientos se agotan con el paso del tiempo, que mientras otro pueda ser responsable, que más da? ¿Fue atinado dejar que el problema se pudriera? Pero lo peor, ¿ahora qué van a hacer? Cómo van ahora a contener la violencia. Si no se negocia una solución política inmediata, quién va a llamar al uso de la fuerza. Y si usan la fuerza, ¿creen que ello no dejará aún más agravios y rencores para la próxima administración?

En los tres casos, se llega a una misma conclusión: al final, la política es sustituida por la policía. El control creciente de la policía debilita adicionalmente a las instituciones; en vez de protegerlas, las terminan de desacreditar. Ante una inconformidad social grande, ¿creen que haciendo volar sus torres y sus puentes podrán gobernar? ¿Es posible gobernar la crisis sin rescatar la política?

Miembro de la coalición Por el Bien de Todos